La complejidad de la composición y estructura que representa el sector público, visto desde los distintos poderes del Estado, obliga a quienes asumen las responsabilidades administrativas a ser cautelosos y respetuosos de las atribuciones debidamente establecidas en el ordenamiento jurídico vigente. El interactuar es un mecanismo necesario para avanzar en el logro del objetivo institucional. Los abusos y excesos, como acción irresponsable e irracional, terminan afectando a la sociedad. El irrespeto genera choques innecesarios, tal vez pretendidos por actores sin liderazgo alguno, que buscan socavar la legitimidad de las autoridades establecidas, poniendo el riesgo la estabilidad de la nación.
Asumir el marco normativo que delimita las atribuciones de cada poder es un acto que representa el nivel profesional y de compromiso de quienes asumen esas responsabilidades. Exceder las funciones puede generar consecuencias en el contexto legal, político y social, como la invalidación de los actos administrativos, generación de litigios, y sanciones a los funcionarios responsables de los abusos o excesos. Todo un drama para el erario público al consumirse recursos que pueden ser utilizados en otros quehaceres, generando además incertidumbre jurídica, espantando la inversión y el desarrollo económico. La mano peluda que pretende mecer la cuna a su capricho e interés debe ser desechada por quienes se pueden convertir en materia prima para esas locuras.
La erosión de la confianza otorgada por los ciudadanos a sus representantes y de allí a quienes son sus colaboradores inmediatos, dinamita la institucionalidad. Esto surge al irrespetarse los límites que le han sido establecidos, y entra en duda razonable la legitimidad de las decisiones que generan. Los amantes de la inestabilidad lo hacen desconociendo su propia ignorancia, y en muchos casos pareciera ser por malas costumbres. Hay quienes pudieran verla como algo trivial, pero hay que tener cuidado con el descontento generalizado. Pretender destronar a un gobernante con acciones irresponsables, es asumir la expresión: tanto nadar para morir en la orilla. Los incapaces buscan el camino de las excusas o de los aplausos, hablando mal del ausente.
El tejido social en Venezuela se encuentra fragmentado. Hay quienes creen que, por los excesos de unos, también los pueden hacer los otros. “Que impide robar, si quienes roban están disfrutando” “puedo tomar lo que tiene el otro, porque él es el culpable de que yo no tenga nada” “cuál Ley, si a eso no le para nadie”. La percepción ciudadana de que las autoridades actúan fuera de su contexto es un caldo de cultivo que encuentra asidero en la prolongada crisis política, económica y social que gravita en suelo venezolano.
Las autoridades en todos los niveles deben actuar en función de las responsabilidades asumidas. Respetar las atribuciones y administrar con transparencia es fundamental para el sano entendimiento entre gobernantes y gobernados. Los derechos de unos terminan cuando comienzan los de los otros. La comunicación entre los distintos poderes es fundamental para no pisar caminos que se encuentran sembrados de dinamita por quienes abrazan los excesos y abusos. Los seres humanos nos equivocamos, para corregir hay que reconocer el error y asumirlo con hidalguía. Repetirlo es seguir pisando sobre el piso mojado, y eso no ayuda a nadie.
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