En su primera campaña electoral, Donald Trump ya hablaba de “invasión de migrantes”. Ahora, en su segundo intento por ocupar la Casa Blanca, está proponiendo una deportación masiva de migrantes para liberar el “país ocupado” en el que, según él, se ha convertido Estados Unidos.
Aunque los defensores de los migrantes han advertido sobre el significativo costo humano de las deportaciones, se sabe desde la primera presidencia de Trump que no le afecta el destino de familias separadas, niños abandonados y operativos de persecución en comunidades y lugares de trabajo.
Dentro de los 11 millones de migrantes indocumentados que actualmente viven en EE. UU., hay muchos que se mantienen en este país “sin papeles” por más de una década y que, además, han intentado moverse a las llamadas “ciudades santuario” que no han cooperado ampliamente con el Servicio de Inmigración a nivel federal.
Muchos de estos hogares se consideran de “estatus mixto”, lo que significa que también contienen inmigrantes legales o residentes nacidos en Estados Unidos. Alrededor de 4,4 millones de menores de 18 años nacidos en Estados Unidos viven con un progenitor inmigrante no autorizado.
La reanudación de las controvertidas redadas supondrá numerosos problemas logísticos y judiciales en la gestión de los centros de detención. Sin embargo, Trump ha anunciado que convocará a la Guardia Nacional y otros cuerpos militares para que asistan en las deportaciones.
El discurso antimigrante de Trump
En el discurso de Trump sobre esta acción masiva se pueden distinguir varios objetivos: por un lado, reducir el número de migrantes en el futuro, referido a las migraciones irregulares, un elemento vinculado a su mensaje de que EE. UU. se ha convertido en un “país ocupado”.
En segundo lugar, se menciona la mejora de la seguridad pública mediante la denuncia de los migrantes irregulares como delincuentes que habría que devolver a sus países de origen. Por último, se hace hincapié en la mejora de los servicios de salud y educación, y hasta en la creación de empleo en el país, debido a unas mejores condiciones para la población autóctona. Programas como “Comunidades seguras” se han implantado de forma escalonada y gradual en todo Estados Unidos, con la finalidad de ampliar la búsqueda de migrantes en todo el territorio del país.
La política de expulsiones de EE.UU.
Según una investigación, Estados Unidos llevó a cabo 7 millones de expulsiones desde el año fiscal (FY) 2000 hasta mayo de 2024 (sin contar las devoluciones por aplicación de la ley ni las expulsiones por pandemia en las fronteras estadounidenses) con aplicación de la política de inmigración en el interior y no solo en las mismas fronteras del país.
México se convirtió en el principal destino de las expulsiones, seguido de Guatemala, Honduras y El Salvador. Esta situación agrava la vulnerabilidad y la precariedad que las deportaciones producen entre los inmigrantes y sus comunidades en EE. UU., así como en los destinos a los que serán devueltos.
Es sabido que los retornos forzosos se dirigirán tanto a los países de deportación (por ejemplo, México) como a los países de origen de los inmigrantes, que con el tiempo se han ido diversificando mucho. Venezuela, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, India y los países que conforman la antigua Unión Soviética experimentaron un crecimiento importante de 2019 a 2022 entre los migrantes ilegales.
La idea de una política de deportación masiva implica que, ya desde el mismo discurso, se podría generar un efecto disuasorio capaz de reducir la afluencia de migrantes.
El aumento de las expulsiones y los retornos tendría, en este sentido, un efecto a corto plazo sobre algunos inmigrantes irregulares. Pero también se generan nuevas condiciones de vida en las propias comunidades migrantes: con el riesgo de deportación, el abandono escolar tiende a aumentar por miedo a ser detectado al asistir a instituciones de educación pública.
Además, se genera una disminución de las remesas, que los emigrantes suelen enviar para ayudar a financiar la educación de los familiares que dejan atrás. Esto afecta de inmediato a la situación de supervivencia en las comunidades de origen.
Efectos en los países destino de la deportación
Los retornos forzosos estarían generando corredores de deportación en los países receptores de las personas deportadas, con el consiguiente efecto de agotamiento de la capacidad de sus infraestructuras, posibilidades de empleo y servicios de salud y educación.
Además, a corto plazo, se prevé una distorsión total en los mercados laborales, incapaces de absorber tanta oferta de mano de obra en poco tiempo. Los efectos distorsionadores para la convivencia serían inmediatos y podrían llegar a desestabilizar pequeños países centroamericanos.
Además, tales procesos de retorno han alimentado la dinámica de la delincuencia violenta en México y Centroamérica. No hay que olvidar el ejemplo de las maras, pandillas juveniles que surgieron en México y en el Triángulo del Norte de Centroamérica y que aún perduran como una amenaza para la seguridad pública.
Las deportaciones a gran escala de adultos jóvenes desde EE. UU. y sin raíces en Guatemala, Honduras y El Salvador provocaron la expansión de las bandas en estos países con estructuras organizativas criminales similares a las de Los Ángeles y otras ciudades de la costa oeste de EE. UU.
Es evidente que el costo de una medida de esta índole será muy elevado, no solo en EE. UU., sino también en los países receptores, que volverían a convertirse en apéndices de una política equivocada y cortoplacista de su vecino del norte.
