En medio de un contexto político tenso y aun impredecible, se ha convocado nuevamente por el inefable Presidente de la Asamblea Nacional, a un insuficiente diálogo nacional con el propósito ajustar las leyes electorales vigentes, a saber: Ley Orgánica de Procesos Electorales, Ley Orgánica del Poder Electoral y la Ley de Partidos Políticos y Manifestaciones Públicas, las cuales, según este alto dirigente nacional del oficialismo, deben estar reformadas antes de fin de año, tal vez elucubrando en organizar y realizar las previstas elecciones regionales, municipales y parlamentarias nacionales, en los tres primeros meses del segundo semestre del venidero año. Por supuesto que, los adversarios de la soberanía popular venezolana, obran con frío calculo al momento de plantear estas reformas legislativas, las cuales, en una democracia efectiva, serían normales, pero dadas las actuales circunstancias políticas, lucen como un nuevo intento por hacer desaparecer normas que en la actualidad no se han cumplido a cabalidad por el operador electoral, y que por supuesto todos saben cuáles son, que han hecho que buena parte de la opinión pública nacional e internacional, hayan señalado al CNE, como ejecutor de malas prácticas electorales, esto es, sin profesionalismo, transparencia y confiabilidad.
Sobre tales reformas electorales, llama la atención, dos aspectos que han sido mencionados por el promotor la misma y sus voceros, para ser incluidos. El primero es el tema de la soberanía y el segundo, el trillado argumento del fascismo, los cuales, por su misma composición teórica, no son materia electoral, pero que sí les servirá para que, de manera subjetiva y caprichosa, puedan seguir catalogando a cualquier adversario, como fascista o apátrida, con la intención de sacarlo del juego político, como ha hecho con otros, hasta el momento. De todas maneras, hay que recordarles que, si eso es lo que están pensando, las leyes se aplican hacia adelante y sin efecto retroactivo, salvo que favorezcan al ciudadano que resultará beneficiado con esa decisión legal, aunque ante la carencia de Estado de Derecho efectivo, ello se puede poner en duda. Otra razón esgrimida por el Presidente de la Asamblea Nacional, para impulsar estas reformas es la de que, la observación internacional o cualquier otra instancia de ese nivel, no puede intervenir u opinar sobre la calidad de los procesos electorales, aunque al parecer este alto dirigente, olvida que, Venezuela a pesar de los esfuerzos que han hecho, por aislarla de organismos democráticos o de derechos humanos del área latinoamericana, suscribió Declaraciones, Pactos, Convenciones y la Carta Democrática Interamericana, que hacen que todo proceso eleccionario en cualquier país signatario, revista carácter universal o regional.
Sobre este último aspecto, la politóloga británica y profesora de Harvard, Pippa Norris, acotó que, “la existencia de estas normas globales hace que sea inaceptable que los gobiernos utilicen la causa de la soberanía nacional, como respuesta a las denuncias sobre problemas en las elecciones”. De tal manera que, estamos observando una nueva actitud oficialista, tendente a excluir de la observación de procesos electorales futuros, expertos de otros países con conocimientos sobre esta materia, para evitar con ello, se sigan conociendo las múltiples artimañas que acostumbra a desarrollar en cualquier época de elecciones. Como contrapartida a esta iniciativa, la ingeniero María Corina Machado, líder de la oposición; Edmundo González Urrutia, Presidente electo y los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática exigieron al gobierno de Nicolás Maduro acordar los términos de una negociación seria que, permita una transición ordenada y segura para el gobierno que permita el avance hacia una transición, a fin de respetar la voluntad del electorado, manifestada el 28 de julio pasado. Respaldó esta declaración, con sus inasistencias a esa nueva convocatoria, alegando falta de agenda, seguridad y acuerdos previos, pues no se puede olvidar que la Ingeniero Machado Prisca se encuentra en la clandestinidad.
En ese sentido, cómo podría asistir la plataforma unitaria, a tratar reformas legislativas electorales, con el Presidente de la Asamblea Nacional, si éste usa cualquier cantidad de epítetos contra ellos, sin olvidar a tantos dirigentes que se encuentran privados de libertad, sin juicio justo. Lo que sí se nota es la falta de solidaridad de otros dirigentes pseudodemocráticos que se han puesto nuevamente firmes de manera complaciente ante los anuncios del Gobierno que no del CNE, de las próximas elecciones 2025, sin que se haya resuelto de manera transparente y justa lo concerniente a la elección presidencial, donde, por cierto, tuvieron una bajísima votación, que los obliga a revisarse a lo interno y no ser tan solícitos a los llamados del gobierno. Por su parte el respetado exrector del CNE, Vicente Díaz, ha dicho en su cuenta de la red social X que, con “independencia de que políticos, partidos, opinadores, líderes o analistas hayan sido invitados o no a participar, esas leyes impactarán la vida política nacional. Por tanto, no se debe dejar pasar este trabajo de reformas, sin al menos tratar de incidir en ellas. Y continúa, hay infinidad de cosas para proponer, que cada quien asuma su responsabilidad en ese parlamento si las acogen o no”, aunque también ha dicho que, lo primero que deberían estar discutiendo es por qué no se han cumplido las actuales, con lo cual marca caminos a seguir.
Resolver esta última situación traería calma y sosiego a la población venezolana, pues según la misma Norris, “cuando las elecciones no alcanzan estándares mínimos de integridad electoral, los ciudadanos tienen percepciones negativas sobre los procesos electorales; lo que traen como consecuencia, bajos niveles de legitimidad de los dirigentes electos, así como una disminución de la participación ciudadana en procesos subsiguientes; al tiempo que aparecerían manifestaciones pacíficas o protestas violentas, contra las autoridades o el régimen político, con potencial para conducir a escenarios de ingobernabilidad” no deseados. De otra parte, para los regímenes autoritarios, abandonar la legitimidad de origen, supondrá quedarse sin bases, ni garantías de apoyo intermedio para el ejercicio del poder político, que esta vez se sustentará en la fuerza y no en la razón. En el caso venezolano, actualmente el régimen está atrapado en un serio laberinto político y moral, dado que, no logró relegitimarse para seguir conduciendo al Gobierno nacional, por tanto, esa circunstancia lo está llevando a ejercen el poder con una especial sensibilidad ante la ausencia de esa legitimidad, por lo que, últimamente se le ve apelando a la coacción, al populismo o al clientelismo crematístico, para hacerle creer a la gente que ganaron las elecciones, sin mostrar resultados.
No parece muy pertinente esta reforma legislativa electoral, pues en la actualidad, ningún actor político, incluidos los del partido oficialista, confían en el CNE, ni mucho menos en sus técnicos de quienes se señala son fichas de importantes de dirigentes del socialismo, por lo tanto, recuperar la confianza ciudadana en los procesos electorales por venir, solo se logrará finiquitando de la manera que se espera, los resultados verídicos del 28 de julio; además de que se debe saber cuáles organizaciones partidistas sacaron menos del uno (1%) de esa votación a fin de que procedan a su validación ante el ente comicial, pue se cree que, algunas de ellas están participando ilegalmente de esas reformas, sin tener votos a su favor. Ya al final de este escrito de opinión, solo resta decir que, despachar esta delicada e importante materia en dos meses y medio, sería nuevamente un grave error del régimen dominante, por el apresuramiento de este propósito, pues se dejarían por fuera, opiniones de muchas personas e instituciones que han hecho investigaciones y otros estudios, sobre posibles reformas a nuestra legislación electoral, de manera seria y objetiva, y no como se pretende ahora, de redactar una ley, pensando en ciertos adversarios políticos, a los cuales se les tratará de inhabilitar, ya no temporalmente como ha sido hasta ahora , sino de por vida, a través de juicios políticos sumarios, propios de una revolución antidemocrática, saber qué organización sacó menos de 1% de la votación el 28 de julio para que proceda a su validación ante el ente comicial. Si bien la preocupación por la calidad en la administración de las elecciones y los fraudes electorales siempre ha estado presente tanto en los círculos académicos como en los organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil promotoras de la democracia.
María Corina Machado, líder de la oposición; Edmundo González Urrutia, abanderado de la oposición; y los partidos que conforman la Plataforma Unitaria Democrática exigieron al gobierno de Nicolás Maduro acordar los términos de una negociación seria que permita una transición ordenada del gobierno. En un comunicado, la coalición llamó a «los representantes del régimen» -entre los que mencionó al jefe de la delegación oficialista en los diálogos con la oposición, Jorge Rodríguez- a acordar «los términos de una negociación seria que permita la fluidez de la transición y que haga valer la voluntad del electorado, manifestada el 28 de julio pasado, con la elección de Edmundo González Urrutia».
Norris (2014) señala que cuando las elecciones no alcanzan los estándares mínimos de integridad electoral los ciudadanos tienen percepciones negativas sobre los procesos electorales; lo que podría traer como consecuencia bajos niveles de legitimidad de los dirigentes y partidos electos, así como una disminución de la participación ciudadana en procesos electorales subsiguientes; al tiempo que aumentaría la probabilidad de aparición de manifestaciones pacíficas o protestas violentas contra las autoridades o el régimen político. Como resultado, la falta de integridad electoral en las elecciones tiene el potencial para conducir a escenarios de ingobernabilidad en un momento dado.
Autoritarismos competitivos: los regímenes híbridos o autocracias electorales, como también se les conoce, corresponden a una categoría intermedia, de ahí la denominación de híbridos, entre autoritarismos y democracias, que se caracterizan por tomar de las democracias sus mecanismos de legitimación, principalmente, aunque no exclusivamente el sufragio, por medio del cual llegan y se mantienen en el poder, pero ejerciéndolo, una vez allí, por medios y prácticas propias de un autoritarismo. En este tipo de régimen los procesos electorales son competitivos en el sentido de que los principales candidatos participan en el proceso y, solo en muy raras ocasiones, son impedidos de competir en el proceso por alguna medida formal; los partidos políticos tienen existencia legal y se les permite hacer campaña públicamente. Si bien ocasionalmente existen señales de fraude, este no se produce de manera masiva sino dentro de límites que permiten cierto nivel de incertidumbre sobre los verdaderos resultados electorales, aunque las elecciones no pueden ser calificadas como libres y justas, pues los niveles de incertidumbre sobre los potenciales resultados son reducidos al mínimo posible para garantizar la estabilidad del gobierno en el poder. Entre otros mecanismos, es común que estos regímenes traten de controlar el resultado de los procesos electorales mediante la manipulación de las listas de votantes; falsificación de resultados (República Dominicana en 1994 y Ucrania en 2004); intimidación de activistas de oposición, votantes y testigos electorales e incluso impidiendo su acceso a ciertas áreas del país (Camboya y Zimbabue) (Levtisky y Way, 2010). A todo evento, aunque estos niveles de fraude se producen dentro de límites que permiten mantener ciertos niveles de incertidumbre y esperanza sobre las posibilidades de poder alcanzar el poder (incluso se permite una mayor nivel de competitividad a nivel subnacional), el desequilibrio en el financiamiento político y acceso a medios de comunicación, así como el control del gobierno sobre el árbitro y el proceso electoral, hacen muy difícil, para la oposición, alcanzar el poder en puestos determinantes o a nivel del gobierno nacional.
Los autoritarismos competitivos se caracterizan por comprender muy bien que la legitimidad es la mejor base y garantía para el ejercicio del poder político. Diamond (2002) destaca que este tipo de regímenes, por necesitar relegitimar su permanencia en el gobierno de manera constante, ejercen el poder con una especial sensibilidad hacia el efecto de sus decisiones sobre el apoyo popular por lo que, con frecuencia, la demagogia, el populismo, el clientelismo, así como toda iniciativa que permita ganar elecciones, a cualquier costo, ocupan buena parte del ejercicio de su gestión.
En este tipo de regímenes, es común, sobre todo cuando hay un descenso en su apoyo, el deterioro de las condiciones electorales que, en ocasiones, llega hasta el uso de mecanismos fraudulentos, los cuales van más mucho allá de la manipulación en el conteo de votos para asegurarse resultados favorables, ya que también son proclives a la creación de redes clientelares altamente dependientes del gobierno, la compra de votos, el control de la autoridad electoral, y un ejercicio algunas veces sutil y muy sofisticado de la opresión tal como la generación de dudas sobre el secreto del voto y sus posibles consecuencias para quienes dependen directa o indirectamente de algún mecanismo clientelar, así como la negación de recursos, permisos, trámites, el incremento de la presión fiscal o la “aplicación de la ley” a aquellos no dependientes económicamente del gobierno que sirven de financistas a los movimientos de oposición o representan un mayor peligro para el régimen por su capacidad para organizarse. Asimismo, es práctica común el uso indiscriminado de las ventajas que otorga el control de los recursos y el poder del Estado para generar dependencia, lealtad e incluso miedo, así como múltiples violaciones a la integridad del proceso mediante la imposición de procedimientos, reglas y prácticas que buscan garantizar la supervivencia política de quienes están en el poder, lo que se conoce como rigged elections, es decir, “elecciones controladas” (Alarcón y Álvarez, 2014).
Es así como, en la medida que los autoritarismos competitivos pierden la competitividad que les permitió alcanzar y mantener el poder por la vía electoral, se vuelven más autoritarios en el ejercicio de un control creciente sobre la legalidad, financiamiento y actividades de los partidos políticos de oposición y de los medios de comunicación. También, mediante la implementación de medidas represivas orientadas hacia un mayor control de la sociedad, en especial aquellas orientadas al establecimiento de restricciones a la creación, financiamiento y actuación de organizaciones no gubernamentales. De la misma manera, en este tipo régimen político se observa una creciente manipulación y endurecimiento de las reglas electorales a los fines de circunscribir la competencia política a términos y condiciones que garanticen la estabilidad y permanencia del gobierno.
