José Rafael Jiménez: Justicia con aroma de mujer

Mujer, ese ser humano sue géneris en su especie, poseedora y dadora de vida, en algunas culturas mancillada y, en otras reivindicada, luchadora infatigable por el bienestar familiar y de sus propios derechos; es sin duda alguna una de las especies de mayor trascendencia desde el punto de vista antropológico, desde que los neandertales caminaron éstas estas tierras hace 200 mil años.

Aun cuando la ciencia y la tecnología traspasan ‒y seguirá traspasando‒ las berreras de la realidad para hacer de la vida humana más fácil, capaz de derruir creencias religiosas y tribales sinuosas; donde los factores de la globalización entre humanos, entes sociales y Estados-naciones alcanzan los mínimos confines de la tierra; donde los movimientos de toda clase social, racial, religiosa o política tratan de hacer valer sus legítimos derechos; donde existe sistemas legales con amplias protecciones para las mujeres; y, a pesar de los derechos humanos contemplados en instrumentos internacionales tanto universales como regionales; aún así, en pleno siglo XXI, persiste la opresión, la violencia, la vejación y la discriminación hacia la mujer, que lejos de avanzar hacia un mundo justo e igualitario en cuanto a la progresividad de los derechos, más bien arredramos hacia un sistema anacrónico, decimonónico que vedan la libertad, la igualdad y la justicia entre los seres humanos.

Es prohibido, según exégetas musulmanes, exteriorizar la belleza femenina a excepción de su marido. Por ende, en las calles de Teherán, Kabul o Islamabad, por ejemplo, caminan taciturnas las mujeres investidas de la burka, niqad o la hiyab, una costumbre que no sólo veda su condición humana del género, allende de la beldad o de lo estético; sino que también esa imposición autoritaria producto de teocracias ortodoxas, viola la libre personalidad que debe desarrollar inmanentemente todo ser humano por su propio albedrío.

En 2012, Malala Yousafzai, una chica paquistaní, recibió tres disparos de balas a quemarropa por un fanático talibán por el simple hecho de asistir a la escuela, desafiando así un sistema donde la educación, un derecho humano universal, es dada solamente para los varones. Mahsa Amini, fue arrestada y torturada por la policía islámica de Irán, en Teherán el 13 de septiembre de 2022, por no usar correctamente la hiyab, dos días después murió tras un coma producido por sus lesiones. En noviembre de 2024, Ahoo Daryaei, una joven universitaria fue detenida por fuerzas policiales iraníes, por protestar en contra de la hiyab obligatoria, mediante la desnudez de su propio cuerpo y ante la mirada atónita de transeúntes.

Mujeres violadas, maltratadas, vejadas, humilladas, circulan diariamente en las principales páginas de la prensa y en los noticieros globales por razones beocias y fútiles. Según Acnur (s/f), estima que más de 6 mil mujeres y niñas yazidíes ‒un grupo étnico y endogámico, ubicado mayoritariamente al norte de Irak‒, fueron secuestradas y vendidas como esclavas, y mantenidas en cautiverio durante meses e incluso años por el grupo terrorista ISIS. Muchas fueron sometidas a encarcelamiento, tortura y violación sistemática. Al día de hoy, el destino de más de 1.400 mujeres yazidíes sigue sin conocerse. Lo anterior constituye una práctica deleznable que, bajo la creencia de algunos fundamentalistas aviesos del Islam, es retrotraída como principio coránico de los primeros tiempos antes de la fundación de la religión. Una interpretación que va en contrapelo a lo establecido por el propio Mahoma, fundador del Islam en el 631 d.C., el cual preconizaba la manumisión de los esclavos, según algunos teólogos musulmanes.

En Latinoamérica, a pesar de las sanciones de instrumentos legislativos, producto de la Convención de Belém Do Pará, la violencia y el desprecio hacia la condición humana de la mujer, persiste arraigadamente en nuestras culturas. 18 países de América Latina cuentan con legislaciones que tipifican los delitos de femicidio, feminicidio o muertes violentas de mujeres por su género (Existe diferencia entre ambos términos, si bien ambos implica la muerte de una mujer por razones de género en muchos países; sin embargo, el femicidio es el tipo que encuadra en la muerte misógina; mientras que el feminicidio, atañe a la omisión, negligencia y colusión parcial o total por parte del Estado, para prevenir y erradicar este acto de violencia, [Lagarde, 1990]). En específico, 13 de los países latinoamericanos cuentan con leyes integrales para sancionar la violencia contra las mujeres y las niñas, mientras que los otros 5, no cuentan con un cuerpo legislativo sistemático y especializado.

Según datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2020 y 2023, se registraron unas 15 mil mujeres víctimas de femicidios en 26 países de la región. Las datas más altas per cápita se registraron en Honduras, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Bolivia; mientras que Brasil cerraba sólo el año pasado con más de 1.400 femicidios. La violencia contra la mujer es un grave problema de salud pública, porque las mujeres enferman y mueren, lo que, además de ser un flagelo, aumenta el gasto de los países, que deberían invertir en campañas de prevención para erradicar la violencia de género (ONU Mujer, 2023).

Venezuela, cuenta con una ley integral desde 2007 y reformada en 2021, cuya revisión legislativa contó con la modificación de 64 artículos, a fin de contrarrestar la violencia contra la mujer, un raigambre estructural en el país. La consabida Ley Orgánica Sobre el Derechos de la Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, no sólo establece una cáfila de principios y derechos que el Estado reconoce a favor de la mujer y de la niña venezolana, sino que también yergue sobre nuestro sistema judicial venezolano, una jurisdicción penal especializada para el juzgamiento de los delitos que ella prevé bajo su propio procedimiento.

Ésta jurisdicción, la cual conoce centenares de casos diarios en todo el país, resulta impretermitible ante una sociedad con raigambre de violencia, sobre todo aquellos de índole sexual que no sólo afecta a la mujer, sino también a cualquier niña que trajine envilecidamente por este flagelo ominoso. Mientra la Justicia de Género venezolana sigua para bien su cauce legal-procesal, generar conciencia a través de la educación y la cultura, es la clave para una vida libre de violencia en los distintos estratos de la sociedad y, hacer de la justicia infalible en estos casos; pues, el problema de la criminalidad no es sólo los factores criminógenos de un mundo circundante o de la promulgación de leyes para contrarrestarlos, sino atenderlos a través de otras ciencias para la prevención o erradicación. Si bien, la ley colma de derechos a todas las mujeres sin distinción social, en especial aquellas en estado real de afectación física, sexual o psicológica; sin embargo, a pesar de su reforma reciente, es menester su constante revisión dada la dinámica progresiva de los hechos socio-jurídicos, a fin de su optimización funcional y, sobre todo procurar la igualdad, pues, bajo ésta premisa ha sido concebida ínsitamente.

@jrjimenez77