En Venezuela no puede acabarse la capacidad de asombro con estos gobernantes que tenemos. No son antojos personales, porque cada quien dispone de su vida, según pueda.
Respeto el libre desarrollo de la personalidad, sin violentar las leyes o afectar a terceros. Igual debemos respeto a la pluralidad política, ideológica o religiosa, siempre dentro de los límites que nos hemos dado en el marco de la Constitución vigente, en mucho continuidad histórica de las constituciones de 1811, 1947 y 1961, con la muy importante diferencia de que ninguna de las tres referidas tuvo rasgos autocráticos como la de 1999.
Pensar en el ejercicio del Fiscal General de la República implica respeto a los derechos políticos, sociales y judiciales de los ciudadanos y ciudadanas; celo por la majestad de la Ley; y, sobre todo, apego a la dignidad humana. Todo ello ha sido vulnerado por Tarek William Saab al asociarse a la política represiva del Gobierno de Nicolás Maduro, el PSUV, sus satélites y testaferros tras el propósito de mantenerse en el poder contrariando la voluntad popular expresada el pasado 28 de julio, en la eleccion presidencial, cuyos resultados fueron abortados por el Consejo Nacional Electoral y luego secuestrados judicialmente por las salas Electoral y Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a petición de la comandita de Miraflores y sus cómplices.
Políticamente, ha sido una aberración; y moralmente, una afrenta a la mayoría de nuestro pueblo que abrumadoramente votó contra Maduro, quien ha demostrado tener a sus pies los poderes Electoral, Judicial, Ciudadano y Legislativo. Por otros medios y en otras circunstancias, igual hicieron los dictadores Juan Vicente Gómez y Marcos Pérez Jiménez, para solo referir a dos sátrapas del siglo XX venezolano. Ciertamente, las triquiñuelas de hoy son más descaradas e hipócritas, aparentando lo que no son y actuando con la sobre confianza de los delincuentes, de consuno en articulada conspiración desde los Poderes Públicos Nacionales.
Solo desde el pasado 28 de julio por la noche, han sido apresados más de 2.200 venezolanos y venezolanas bajo genéricas y extravagantes acusaciones de «terrorismo», «incitación al odio» y «asociación» para delinquir: desde dirigentes políticos y sociales hasta periodistas, reporteros gráficos, amas de casa y jovenes trabajadores y estudiantes que protestaban en sus comunidades exigiendo el conteo de votos y la totalización de las actas electorales en forma transparente, confiable y verificable. De ellos, decenas son menores de edad, todavía encarcelados y maltratados, irrespetando su derecho al debido proceso, igual que hacen dentro del Sistema de Justicia venezolano habitualmente, incluyendo torturas físicas y mentales junto con “normalizados” mecanismos de corrupción para el enriquecimiento ilícito de policías, militares en función policial, y fiscales y jueces venales. Claro, la obediencia supina de la Defensoría del Pueblo hace parte de esta pudrición institucional a favor del poder corrompido y transgresor de la Constitución.
Así, Tarek William Saab y Alfredo Ruíz hicieron méritos para su reelección en sus respectivos cargos dentro del Poder Ciudadano. La controlada Asamblea Nacional les reconoció sus abyectos desempeños.
Es difícil comprender una personalidad tan compleja, capaz de escribir poesías y al mismo tiempo sembrar delitos a miles de jóvenes y adultos inocentes para mantenerlos en la cárcel, mientras se hace la vista gorda ante los actos represivos policiales y parapoliciales. Incapaz de contrariar la perversidad represiva del gobierno, entre poema y poema, cohonesta el accionar represivo oficialista. También, se desdobla y parlotea sobre Derechos Humanos, queriendo lavar su ya vasta estela de atrocidades contra los derechos ciudadanos, pisoteados por las policías y grupos parapoliciales. No es fácil digerir tal derrape en una sola persona. Tarek William Saab no es el único, pero es el Fiscal General de la República y alto representante del Poder Ciudadano, destinado constitucionalmente a velar por la recta aplicación de la Justicia, el respeto al debido proceso dentro del Sistema de Justicia y la vigencia plena de los Derechos Humanos, de acuerdo con la legislación nacional y los convenios internacionales suscritos por la República.
Hermanas, novias, madres y demás familiares de los jóvenes injustamente encarcelados, se lanzaron a las calles y en torno a los penales, a exigir justicia. El impacto ha sido fuerte, nacional e internacionalmente: hábilmente, Nicolás Maduro Moros -con aire magnánimo- “pidio” revisar algunos casos de estos más de 2.200 encarcelamientos; inmediatamente, Tarek William Saab anunció que los fiscales del Ministerio Público revisarían unos 200 (¿10%?). ¿Por qué no lo hizo antes? ¡Vaya independencia!
No importa lo que hagan, el mal está hecho: maltrataron y traumatizaron a miles de menores de edad, jóvenes trabajadores y estudiantes, amas de casa, periodistas y dirigentes políticos y sociales, por cuya libertad plena luchamos y lucharemos junto a nuestro pueblo.
manuelisidro21@gmail.com
