La reelección de Donald Trump para un segundo período después de 4 años de haber perdido en 2020 frente a Joe Biden sólo tiene un precedente de reelección discontinua en Estados Unidos cuando el demócrata Grover Cleveland volvió al gobierno en 1892 después de un primer período entre 1884 y 1887. No contento con ello, aparentemente Cleveland tenía la intención de ser reelegido para un tercer mandato en 1897 que tampoco tenía antecedentes en más de un siglo de democracia norteamericana. Como indican Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en su libro de advertencia “Cómo mueren las democracias” (2018), “[E]l partido demócrata se negó a nominar a Grover Cleveland para un tercer período no consecutivo en 1892 [sic], advirtiendo que esa candidatura violaría una ‘ley no escrita’. Sólo la reelección de FDR [Franklin Delano Roosevelt] en 1940 violó claramente dicha norma –una violación que desencadenó la promulgación de la vigésimo segunda enmienda–”.
En otros países del mundo y latinoamericanos, seguramente lo contrario es cierto; los límites a la reelección por más de dos períodos consecutivos suenan a una limitación inconcebible, e inaceptable para algunos que buscan terceros o cuartos mandatos presidenciales con toda clase de justificaciones, desde la continuidad de supuestas políticas exitosas de los gobiernos de turno hasta la necesidad (inconfesable) de retener el poder para garantizar la propia impunidad de gobernantes corruptos y dictadores o autócratas criminales.
La autocratización de las democracias
Los análisis de Fernando Mires, académico chileno asentado en Alemania, se han enfocado desde hace tiempo en lo que él percibe como un proceso de “desdemocratización” que se estaría dando en buena parte de los países del mundo occidental, erosionando gravemente la institucionalidad democrática conformada dificultosamente desde las últimas décadas del siglo XX. A la otra cara de eso mismo la llamó, en una entrevista reciente a un medio independiente chileno, un proceso de “autocratización” de las democracias republicanas, diseñadas originalmente como sistemas políticos alternativos a las dictaduras o los autoritarismos.
El resurgimiento dominante de las autocracias en el mundo occidental (después de la caída de los regímenes comunistas a inicios de los 1990) parece confirmarse con el próximo retorno triunfal de Trump a la Casa Blanca, después de que fuera removido del poder en 2020 (el año de la pandemia del Covid-19). Todo parece anunciar que, mucho más que en 2016 cuando ganó las elecciones por un pequeño margen en tres estados clave que le dio la mayoría de representantes en el Colegio Electoral, el asedio que se viene a la democracia constitucional en Estados Unidos será inédito durante los próximos años trumpistas por la concentración del poder en manos del autócrata republicano rodeado de leales incondicionales en los puestos claves de su nuevo gobierno.
La autocratización de la democracia estadounidense que anuncia el retorno de Trump es motivo de gran preocupación de los demócratas del mundo, de los países europeos con gobiernos democráticos, pero también de los propios ciudadanos estadounidenses, y seguramente de los países latinoamericanos. Habría que remarcar, sin embargo, que la autocratización de las democracias republicanas no es ninguna novedad para los latinoamericanos. El ejemplo más conocido es la gradual transformación del gobierno chavista venezolano, primero en un régimen populista autocrático con Chávez concentrando en sí mismo todo el poder desde 2004 y luego (a su muerte en 2013) en una criminal dictadura de Maduro totalmente desembozada desde las elecciones del 28J de 2024.
En Bolivia, el gobierno indigenista de Morales no tardó en transformarse en un régimen populista con Evo como un autócrata atrabiliario al que nadie, ni sus propios colaboradores, podía contradecir, mucho menos las leyes que le impedían hacer su voluntad. Al empezar el 2do período de gobierno del MAS en 2010, su recomendación a su gabinete de ministros fue “…acelerar la inversión, atender la demanda rápidamente; …hay que meter el trabajo sin estar midiendo la parte jurídica, después yo les digo a los abogados: ¿Para qué ustedes han estudiado ser abogados? Ahora legalicen lo que hice”.
Desde nuestra perspectiva como bolivianos, en un país que experimenta esta marcada desinstitucionalización de la democracia desde hace más de 20 años, no podemos sino alertar sobre los peligros de caer en procesos semejantes ya que luego es muy difícil salir de ellos para retomar el proceso democrático. Lo cierto es que en el caso de mi país y otros latinoamericanos, el mayor daño provino de los gobiernos populistas estatistas que llegaron al poder al inicio del siglo XXI (salvo México que parece recorrer el mismo camino con retraso) y que, a pesar de haber fracasado en su gestión de las economías de sus respectivos países, no están dispuestos a dejar el poder a sus “enemigos” políticos más (o menos) liberales y han demostrado estar dispuestos a todo con tal de quedarse en el poder indefinidamente.
Bolivia: elecciones judiciales por sufragio universal
Podría quizás calibrarse cuán profundamente se han degradado las instituciones republicanas en Bolivia si mencionamos que, por innovación constitucional, hemos tenido ya 2 elecciones generales para elegir a los máximos tribunales del poder judicial por votación popular, los cuales han resultado ser los peores magistrados de toda nuestra historia republicana.
En efecto, la Asamblea Constituyente introdujo las elecciones judiciales por sufragio universal en el texto de la constitución del Estado Plurinacional aprobada en 2009. A primera vista, la justificación para apartarse radicalmente de las prácticas convencionales para elegir a los jueces supremos provenía del mandato popular para erradicar la corrupción instalada en el sistema judicial; viendo retrospectivamente, sin embargo, otras motivaciones menos santas incluían la estrategia del partido de gobierno para hegemonizar el poder también en este contrapoder del Estado. (no sin la intervención de fuerzas externas, habría que decir, pues entre los asesores de esta malhadada innovación constitucional estuvieron connotados miembros del que después sería Podemos de España)
Hasta el momento, tuvimos 2 elecciones judiciales en 2011 y 2017, y una 3ra que debió realizarse en 2023 aún está pendiente. En ninguna de ellas, la modalidad de elección popular sirvió para seleccionar a buenos jueces ni mucho menos para combatir la corrupción; todo lo contrario, sirvió para catapultar hasta los altos tribunales de justicia a individuos improvisados en la práctica del derecho e ignorantes de la jurisprudencia (menos aún probos en su aplicación), además de demostrarse como los más venales, prevaricadores y corruptos.
En primer lugar, los magistrados supremos elegidos en 2011 con apenas el 42% de los votos válidos (un 15% votó en blanco, mientras que otro 43% anuló su voto) en unas elecciones judiciales blindadas (¡!) contra las distorsiones de la publicidad comercial corriente en otro tipo de elecciones generales. En un informe de la OEA se destaca que “[l]as nuevas reglas [de 2017] permitieron a las y los candidatos difundir sus méritos a través del OEP [Órgano Electoral Plurinacional] –siempre y cuando no hicieran un llamado al voto–[cursivas nuestras]. […] La normativa vigente sanciona con inhabilitación a aquellos candidatos que incumplan con las reglas relativas a la difusión de méritos. Adicionalmente, prohíbe a toda persona individual o colectiva y/o medio de comunicación hacer campaña o propaganda a favor o en contra de algún postulante”!!
De vuelta al asunto de la reelección continua o discontinua
El tribunal constitucional seleccionado por primera vez por sufragio universal avaló la elección inconstitucional de Evo Morales para un 3er período en 2014 y luego el 28-Nov-2017, antes de ser sustituido por otro tribunal elegido “democráticamente” en diciembre de 2017, emitió la sentencia 84/17 suspendiendo el Art. 168 que limita la reelección continua de los presidentes a 2 períodos de gobierno y falló a favor de Evo Morales aduciendo que este tenía un “derecho humano” (!!) a la reelección indefinida, incluso en contra del referendo constitucional del 21F 2016 en el que ganó el NO a la modificación constitucional.
La elección judicial de 2017 tampoco revirtió la percepción ciudadana negativa sobre los tribunales elegidos por voto popular ya que los magistrados fueron elegidos sólo con un 35% de votos válidos, mientras que el 14% siguió votando en blanco por falta de información y el 51% anulando su voto principalmente como consigna de rechazo a las elecciones judiciales.
Una somera evaluación de los resultados de las dos elecciones judiciales permite apreciar, por ejemplo, que en las elecciones de 2011 el candidato de origen indígena al tribunal constitucional que obtuvo la mayor votación (15% de los votos válidos), no llegaba a representar ni 1% de un total de más de 4 millones de electores. De cualquier manera, este magistrado indígena fue defenestrado en 2017 en un juicio de responsabilidades por haber supuestamente afirmado que la reelección de Evo Morales en 2014 fue inconstitucional (lo que era cierto).
Por el contrario, un candidato al tribunal constitucional que en las elecciones judiciales de 2017 obtuvo una mayor votación en un departamento poco poblado al noreste de Bolivia (por lo que en relación al total de electores en todo el país tampoco representa más del 1%) fue elegido magistrado por el Beni y, hoy posicionado en una todopoderosa 4ta sala constitucional de este tribunal, se ha convertido en el principal operador judicial del gobierno (desde 2020 a la cabeza Luis Arce, el exministro de economía de Morales pero que actualmente persigue a sus seguidores) para boicotear las próximas elecciones judiciales (y quien sabe las generales del próximo año).
Junto con otro magistrado del aún más despoblado Pando que lo acompaña en la misma sala del TCP, acaban de sacar una sentencia a favor de amparos constitucionales presentados por aspirantes indígenas y otros a las altas magistraturas (quienes fueron supuestamente discriminados en el proceso de selección de candidatos a jueces supremos que había precluido hace más de un mes) la que determina… ¡la suspensión parcial de las elecciones judiciales programadas para fin de año! Es decir, estos 2 magistrados del TCP elegidos con una mínima votación han decidido que no se realicen elecciones para el tribunal constitucional en 5 de los 9 departamentos de Bolivia; por tanto, de los 9 magistrados del tribunal constitucional auto prorrogados desde el 2023 este año sólo se elegirán a 4 nuevos jueces (oh sorpresa, ninguno de ellos será de Beni o Pando).
No deja de ser paradójico que muchos de los que votaron en blanco o nulo en las elecciones judiciales de 2017 estaban abogando hasta hace poco por la realización de las mentadas elecciones judiciales (ya demoradas un año en contravención al texto constitucional), muy a pesar y en desacato a las sentencias del tribunal auto prorrogado que sigue trabando dichas elecciones en el conjunto de nuestro país y se ha convertido en un suprapoder jurídico al servicio del ejecutivo.
Finalmente, esta particular histórica de perversión de la justicia en manos de nuestro ex autócrata “indígena” no podía terminar sino con el refrán “no hay inventor que no se joda con su propio invento”; lo último que acaba de dictaminar el Tribunal Constitucional Plurinacional (ese mismo que lo habilitó en 2017) es la inhabilitación definitiva de Evo Morales para las elecciones generales previstas para 2025, al considerar en un auto constitucional que la reelección de todas las autoridades electas (no únicamente el presidente y vicepresidente) no puede ampliarse a un tercer mandato, ya sea continuo “o discontinuo” (aunque el Art. 168 de la constitución no explicita esto último).
A modo de coda
Mi recuento sobre nuestra particular vía autocrática popular a la destrucción de la institución judicial y otras instituciones (incluida nuestra colapsada economía) ha de sonar a un fantasioso cuento del lobo a oídos foráneos menos informados, pero sólo pretende contraponer algunos hechos verificables para aquellos que intentan entender desde fuera el autobloqueo en que se encuentra el sistema político y judicial en mi país y con pocas perspectivas de ofrecerle respuestas a nuestra sociedad atrapada en una crisis económica de la que no se vislumbra ninguna salida. Por lo mismo, nuestro consejo a los mexicanos hace poco fue rechazar de plano la reforma del poder judicial con la elección de jueces por voto popular que su autócrata en potencia les está imponiendo por sus delirios de grandeza, y así evitar entrar a ese túnel sin salida en que nos encontramos los bolivianos… sólo para descubrir una vez más que pareciera únicamente aprendemos por cuenta propia, si acaso, las lecciones de los yerros de la historia.
Con estudios universitarios en Filadelfia (EEUU) y experiencia laboral en organizaciones campesinas y proyectos de desarrollo rural, el autor es traductor interesado en historia, política y economía. Actualmente es presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz (Bolivia).
