Lo dijo este 20 de noviembre cuando se celebra el Día Mundial de la Infancia, se conmemora la adopción de la Declaración Universal de los Derechos del Niño en 1959 y la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño en 1989.
Ángela Villafranca, abogada del servicio de atención jurídica de la ONG Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap), subrayó que el Estado, junto con las familias y la sociedad, debe garantizar la protección de los derechos de los niños y adolescentes, especialmente cuando estos se ven amenazados o vulnerados.
El Estado tiene que ser el primer garante de los derechos, lo cual implica implementar políticas públicas destinadas a su protección e invertir en la infancia, porque no hay derechos sin presupuesto, aseguró en el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, citando como ejemplo la necesidad de recursos para garantizar el acceso a la salud en hospitales.
Resaltó que entre los derechos más vulnerados se encuentran la integridad —que abarca situaciones de acoso escolar, abuso sexual, maltrato y castigo físico—, la educación y el derecho a la familia, señalando que las decisiones de los padres tienen un impacto directo en los menores.
Sujetos de derecho
La abogada recordó que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, por lo cual las personas deben escucharlos y considerarlos en la toma de decisiones, según su edad y desarrollo evolutivo.
No podemos tomar decisiones sin que ellos participen, enfatizó la abogada.
Asimismo, exhortó a proporcionarles la información suficiente para que expresen cómo se sienten y qué opinan, de manera que las personas tomen en cuenta sus comentarios en todos los espacios de la vida: en la escuela, en las comunidades e incluso en las relaciones familiares.
Herramientas legales
La integrante de Cecodap recordó que la Convención de los Derechos del Niño marcó un cambio histórico, y en Venezuela, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna) brinda herramientas para que los menores, sus familias y la comunidad educativa puedan exigir y ejercer sus derechos.
La ventaja que tenemos es que todo niño, adolescente, docente, padre y representante va a tener las capacidades por medio de esta ley de poder ver cuáles son los derechos, cómo podemos exigirlos, cómo ejercerlos, como exigirlos, y a qué me puedo atener en el caso de que sean vulnerados y cuáles son los pasos a seguir para solucionar determinada situación, explicó.
María Iriarte – Fe y Alegría Noticias
