El fin de semana se cumplieron 35 años de la llamada “masacre de la UCA”, una tragedia que dejó una huella imborrable en la historia de El Salvador y que conmocionó la conciencia de toda América Latina.
En la madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la guerra civil salvadoreña, un pelotón del batallón Atlácatl de la Fuerza Armada de ese país, bajo las órdenes del coronel Guillermo Benavides, irrumpió en el campus de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) en San Salvador. Después de ordenarles que se acostaran boca abajo en uno de los jardines de la universidad, procedieron a asesinar brutalmente a seis sacerdotes jesuitas que fungían como directivos de la institución, así como a Elba Ramos, cocinera de la universidad, y a su hija Celina Ramos, de 16 años, quien estudiaba y se desempeñaba además como catequista. Los sacerdotes asesinados fueron Ignacio Ellacuría, rector de la universidad; Ignacio Martín-Baró, vicerrector académico; Segundo Montes, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Juan Ramón Moreno, director de la biblioteca de Teología; Amando López, profesor de Filosofía, y Joaquín López y López, fundador de la universidad. Otro de los residentes jesuitas, el padre Jon Sobrino, se salvó de ser también asesinado porque se encontraba fuera del país dictando una conferencia.
Durante la cruenta guerra civil salvadoreña, los jesuitas de la UCA se habían destacado por su compromiso con la justicia social y su defensa de los derechos humanos, especialmente de los más pobres. Además, eran conocidos por su trabajo en favor de una solución política pacífica y negociada al conflicto entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Pero, como siempre ocurre en regímenes de dominación autoritarios, las voces que abogan por la paz y la justicia resultan irritantes a los oídos de los poderosos, y necesitan ser silenciadas por la fuerza y la violencia.
Para quienes disfrutan el poder, hay personas que estorban y se convierten en peligrosas, solamente por defender la dignidad de los más débiles y denunciar la injusticia de un orden establecido que oprime a la mayoría y beneficia sólo a unos pocos privilegiados. Tal era el caso de los jesuitas de la UCA, y en general de la Iglesia salvadoreña. “De ahí que su asesinato pueda considerarse como un crimen político ーescribe el padre Javier Sánchez Gonzálezー no por defender a un partido concreto, sino por defender los derechos de los pobres. Hacer política es preocuparse del bien común, es preocuparse de los más débiles, y esa política no es bien vista. La política no consiste solamente en votar cuando toca, la política consiste en la defensa de los derechos y libertades de todas las personas, especialmente de aquellos que más necesitan de esa defensa”.
La historia está llena de ejemplos de mártires por la defensa de los derechos humanos como el caso de los masacrados en la UCA. Y el hecho común a todos siempre es el mismo: para los poderosos, cualquiera que pregone el cambio de un orden establecido basado en la injusticia y la represión es siempre considerado desde el poder como violento y desestabilizador. Porque como bien lo afirma el teólogo José M. Castillo, la lucha por la justicia tiene que soportar la persecución, sencillamente porque los privilegiados por el actual estado de cosas es evidente que no pueden querer otra sociedad. En consecuencia, la búsqueda de la paz y la justicia es algo que no puede realizarse impunemente, porque al mismo tiempo que es una noticia de esperanza para la mayoría, es la amenaza más peligrosa para el orden constituido, para el status quo de los poderosos y opresores.
Este año, la UCA conmemora el XXXV aniversario de la masacre con una serie de actividades culturales y religiosas bajo el lema «Sembrando esperanza para cosechar libertad». Estas actividades incluyen ceremonias de faroles, vigilias y eventos académicos que buscan mantener vivo el legado de los mártires y recordar su incansable lucha por la justicia y la paz.
La Iglesia Católica salvadoreña ha iniciado el proceso de canonización para 47 mártires del conflicto armado en ese país, incluyendo a los 6 sacerdotes jesuitas y las 2 colaboradoras asesinadas en la UCA. Ya los recaudos se encuentran en el Vaticano y el proceso de evaluación se encuentra avanzado.
A 35 años de la masacre, recordamos a los mártires de la UCA no sólo por su trágica muerte, sino por el ejemplo de valentía y compromiso con los más pobres y con los valores humanos y cristianos más elevados. Su legado sigue inspirando a todos quienes trabajan por un mundo más justo y pacífico. Porque como bien afirma J. E. Argumedo, “los disparos no mataron sus ideas. Ellos viven”.
@angeloropeza182
