El 90% de los venezolanos padece a diario por severas fallas de acceso al agua potable, el gas doméstico, la electricidad, la telefonía y el internet. Estos servicios son esenciales para garantizar derechos humanos fundamentales, como alimentación, salud, trabajo, estudio y recreación, entre otros.
El deterioro progresivo de los servicios públicos es consecuencia de la ineficiencia, inacción y omisión continúan, de parte de quienes se quieren en el poder. Ellos se han abstenido de realizar las inversiones necesarias para el mantenimiento y actualización de las infraestructuras que hacen falta para garantizar que funcionen.
Destruir los servicios públicos en Venezuela, por acción y omisión, constituye una violación a los derechos humanos. Nosotros seguiremos visibilizando estas irregularidades, mientras continuamos trabajando por el rescate del Estado de derecho en Venezuela.
