Las autoridades que ejercen el poder público municipal en Venezuela entran en una etapa de revisión por parte de los ciudadanos, quienes tendrán la responsabilidad de ratificar o elegir nuevas autoridades en el año 2025. El municipio es un espacio territorial en el que se desenvuelven las personas a través de relaciones diversas, y es el asiento de los grupos familiares, bien porque allí nacen o se han movilizado de otros lugares. Durante muchos años se ha hablado de la toma de decisiones centralizadas obviando las realidades locales y regionales. Los aportes realizados por decenas de investigadores al respecto y la exigencia de los ciudadanos abrieron las puertas a la descentralización, y desde allí, a valorar el municipio como un componente fundamental para el desarrollo y crecimiento del país.
Se entendió entonces que la solución inmediata a los problemas de las comunidades estaba referida a la prestación de servicios básicos de calidad para también mejorar el modo y la calidad de vida. El alumbrado público, la recolección de desechos sólidos, el agua potable, el urbanismo, limpieza y mantenimiento de plazas, embaulamiento de aguas negras, señalización y organización del espacio municipal, y otros que van surgiendo con el tiempo, no podían seguirse manejando desde la élite nacional. Su efectividad radicaba en entender dos factores para lograr ese propósito: La descentralización efectiva y la calidad formativa de los actores políticos que asumirían esas responsabilidades administrativas. Hacer que el Poder Público Municipal sea visto como la instancia más cercana a la gente, también depende de la participación de los ciudadanos.
Lamentablemente, en los últimos años se ha visto por parte del poder nacional la intención de desaparecer la descentralización y con ello las instancias del poder municipal. Ya los recursos que deben ser transferidos a los entes locales no son los que están enmarcados en la Constitución de la República, ahora dependen de la oficina nacional de presupuesto (ONAPRE) que a su vez es parte de la estructura del Ministerio de Finanzas, quienes anuncian a las autoridades municipales las migas que les van a enviar para el ejercicio fiscal. Se pasan por el sombrero la consulta a las autoridades legítimamente electas en el municipio. Incluso, tomaron la decisión de arrebatarles la mitad del presupuesto (50%) que le es asignado dedocraticamente, para desde lo que llaman la plataforma patria, hacer ellos el pago de personal que corresponde a la partida 401, y por el cual debe responder igualmente la autoridad local, sin haberla manejado, así no les agrade. Pero se escucha por parte del poder central el discurso vacío con la única intención de erosionar la autonomía y autoridad de los alcaldes y concejales.
El fortalecimiento del poder público municipal debe ser una prioridad de los ciudadanos, y desde allí exigir a las autoridades nacionales el respeto a lo consagrado en la Ley, para garantizar el funcionamiento adecuado de los espacios locales, protegido a través de políticas públicas que a su vez garanticen la afectividad de la prestación de los servicios a las comunidades. La descongestión del poder central es una necesidad que no puede negar un gobierno por capricho ideológico, o una visión cortoplacista individual. Las barreras impuestas por quienes se niegan a aceptar los cambios solo apuntan a mantener el atraso y la miseria como norma de vida. El control social pretendido por los jerarcas del poder central es rechazado por las comunidades en cada uno de sus espacios locales.
La improvisación hay que separarla del ejercicio de la administración pública en toda su extensión. La elección de lideres preparados para el ejercicio del poder municipal es la alternativa para alcanzar bienestar. El empoderamiento ciudadano conlleva a fomentar la gestión efectiva. Acercar el poder al ciudadano es fortalecer la democracia. Algunos van en contra de esa posibilidad, por eso atentan contra el municipio. En el 2025 hay una nueva oportunidad para evitar que eso suceda.
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