A casi cuatro meses de las elecciones presidenciales en Venezuela, y pese a los reiterados llamados de Gobiernos y organizaciones internacionales, el régimen de Nicolás Maduro no ha presentado pruebas que respalden los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral el pasado 29 de julio.
Esta negativa del régimen refuerza lo que las actas electorales publicadas en internet por la oposición ya evidenciaron y lo que la gran mayoría de la comunidad internacional reconoce: Nicolás Maduro fue derrotado de manera contundente por el candidato Edmundo González, quien contaba con el respaldo de la líder de la oposición María Corina Machado.
Con el 10 de enero de 2025 —fecha en la que debe juramentarse el nuevo presidente de la república— cada vez más cerca, el régimen de Maduro concentra sus esfuerzos dentro del país en dos frentes: por un lado, mantener el control de la sociedad venezolana a través de la fuerza y la violencia; por otro, desarrollar estrategias para reequilibrar su poder e intentar superar el profundo déficit de legitimidad derivado de su fracaso en los pasados comicios presidenciales.
Pasar la página de las elecciones presidenciales
Maduro busca que el país abandone la discusión sobre los resultados de la elección presidencial, transite hacia una aparente normalidad y centre su atención en las elecciones legislativas, regionales y locales, todas ellas previstas constitucionalmente para el próximo año.
Con este objetivo, ya ha ordenado que estos comicios se realicen de manera escalonada, lo que mantendrá al país inmerso en procesos electorales durante todo 2025, eligiendo sucesivamente diputados, gobernadores, alcaldes y concejales. Paralelamente, la Asamblea Nacional, bajo control oficialista, impulsa un paquete de reformas electorales que conferirían a Maduro un control aún más férreo sobre los procesos comiciales.
Para Paola Alemán, miembro de la Junta de Dirección Nacional del partido opositor Primero Justicia (PJ), “la normalización que busca Maduro es una estrategia de reequilibramiento que la dictadura está adelantando para intentar superar el déficit de legitimidad derivado del resultado electoral del 28 de julio”.
La dirigente política explica que “esta estrategia requiere la cooperación de actores que aparenten ser opositores y resulten creíbles”. Además, agrega que la estrategia de cooptación del régimen es transversal, trascendiendo el ámbito político y alcanzando otros espacios de la sociedad: “Las academias, los gremios empresariales, la sociedad civil organizada, los partidos políticos, es decir, todos aquellos espacios que, con mucha dificultad, han logrado sobrevivir en la vida política y social de nuestro país”.
El régimen promueve una oposición leal
Alemán subraya que el régimen necesita estas voces para intentar dividir a la oposición democrática y construir una “oposición leal”, que sea creíble y que le ayude a superar el profundo déficit de legitimidad provocado por su fracaso en las elecciones presidenciales.
En sus palabras: “Los necesitan para simular interacción democrática, fingir una negociación chucuta, aparentar la realización de unas elecciones democráticas y, en resumen, tratar de recuperar legitimidad. Todo esto forma parte de su estrategia para intentar reequilibrarse en el poder”.
En este contexto, la dirigente de PJ alerta sobre cómo se han venido “cristalizando coincidencias precisas entre la narrativa de normalización del régimen y las declaraciones públicas de algunos actores supuestamente de oposición, que han llegado incluso a resaltar las bondades de las reformas de las leyes electorales impulsadas por el chavismo”.
Sobre el desarrollo de esta estrategia, Alemán sostiene que el régimen busca que el país “pase la página de las elecciones presidenciales, olvide los resultados del 28 de julio y, luego del 10 de enero, inicie una nueva etapa política”.
Describe esta etapa como una en la que Maduro aspiraría a establecer “una negociación limitada, pobre y corta, en la que el régimen ceda muy poco y la oposición lo entregue todo”. Esta futura negociación, advierte la dirigente de PJ, excluiría a los sectores opositores que lideraron la contienda del 28 de julio, dejando a la población sin una representación real. “Sería una negociación donde el país, al no estar verdaderamente representado, perdería toda esperanza de cambio y se desmovilizaría”.
En todo caso, afirma Alemán, “esta supuesta normalización sería una estafa, un engaño, porque si el régimen de Maduro se mantiene en el poder, se seguirá profundizando la pobreza, las condiciones que propician la migración, la violencia política, la represión y no habrá posibilidad de crear bases sólidas para que el país avance hacia un futuro mejor”.
Detenciones masivas tras las elecciones
Mientras desarrolla su estrategia de normalización y de “pasar la página”, el régimen de Maduro mantiene una política de férreo control social del país, la cual, muy al estilo del régimen cubano, simula distender con medidas como la reciente excarcelación de 225 presos políticos(143, según las cifras de la ONG Foro Penal). A estos excarcelados se le impondrán medidas sustitutivas a la privación de libertad, es decir que no gozan de libertad plena.
Por otra parte, el número de liberados representa apenas el 11 por ciento de los 1.848 ciudadanos arrestados durante las detenciones masivas y arbitrarias realizadas por el régimen tras las protestas contra el fraude electoral perpetrado el pasado 29 de julio.
Los 1.623 ciudadanos que permanecen injustamente detenidos, entre ellos 52 adolescentes, continúan privados de libertad bajo acusaciones de instigación al odio y terrorismo, y en condiciones de absoluta indefensión jurídica: no se les permite designar abogados particulares de confianza, se les mantiene incomunicados en cárceles de máxima seguridad, sometidos a condiciones inhumanas, maltratos y privados de asistencia médica adecuada. Estas condiciones provocaron, el pasado lunes 11 de noviembre, la muerte del ciudadano Jesús Martínez Medina, cuyo único “delito” fue haber sido testigo electoral de la oposición.
Ataques a defensores de derechos humanos
Como parte de su política represora, el régimen de Maduro ha profundizado sus ataques contra activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Mariana Romero, directora del Centro para los Defensores y la Justicia, en su intervención ante la CIDH, alertó de que, en un contexto de cierre continuo del espacio cívico, entre enero y septiembre de este año se han producido en el país 828 ataques por parte del Estado venezolano en contra de personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos.
Este número representa un aumento del 158 por ciento con respecto al 2023. Estos ataques incluyen hostigamiento, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas de corta duración, agresiones, persecución y judicialización, acompañados todos ellos con campañas sistemáticas de estigmatización.
En medio de este clima de creciente represión, la Asamblea Nacional sancionó el 15 de agosto el proyecto de ley sobre “Fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las ONG y entidades afines”. La norma busca limitar, perseguir y silenciar a las organizaciones de la sociedad civil críticas con el régimen. Adicionalmente, se cierne la amenaza de que el Parlamento chavista apruebe el proyecto de “ley contra el fascismo y expresiones similares”, norma que el régimen utilizará como instrumento para intensificar la represión contra la disidencia democrática.
Resguardo y cautela de la ciudadanía
Los efectos de esta brutal política de represión y control social han impactado de forma significativa en el ánimo de la población, especialmente en los sectores más vulnerables.
Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, declaró el pasado 14 de septiembre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, desde agosto,se registra en el país una notable disminución en el índice de protestas, particularmente aquellas relacionadas con la exigencia de derechos políticos.
“El resguardo y la cautela se han convertido en la norma ante la feroz represión estatal, que se ha intensificado especialmente en las zonas pobres del país. Las continuas detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza alimentan el clima de miedo en Venezuela”.
Diversas organizaciones no gubernamentales advierten que, a medida que se aproxima el 10 de enero de 2025, podría producirse un nuevo incremento en los niveles de represión y criminalización por parte del régimen de Maduro en contra de movilizaciones y manifestaciones pacíficas, especialmente de aquellas vinculadas a la exigencia de derechos políticos. En su Boletín Nro. 22, la ONG Laboratorio de Paz advierte: “Es previsible que el régimen de Maduro intensifique la represión para acallar las voces disidentes tras su juramentación”.
