El pasado 28 de julio se convocó a la soberanía popular para opinar a través del sufragio, quien sería el nuevo y próximo Presidente de la República. El electorado venezolano en ese sentido cumplió con su deber cívico de votar de manera masiva. Cerca de once (11) millones de ciudadanos acudimos a los centros de votación de buena fe, vale decir, creyendo firmemente en el poder de nuestro voto, para producir el esperado cambio de modelo político, lográndose de esta manera un acercamiento muy visible entre los ciudadanos y la actividad político-electoral, después de muchos años de baja participación o abstención. Convocar a la soberanía popular, atendiendo la Constitución no significa poca cosa, porque como bien afirmó el profesor Brewer Carías, “la soberanía popular o soberanía del pueblo, es el principio más importante del Constitucionalismo moderno”, ello según quien escribe, porque es la manera más civilizada de tomar en cuenta a los ciudadanos, quienes, mediante su opinión personal, reunida posteriormente en un todo, señalaron el rumbo gubernativo que deseábamos o aspirábamos para nuestro país. Así, la decisión electoral colectiva producida, significó un poder de mando temporal por seis (6) años, consentido por la mayoría electoral.
Sin embargo, en una actuación extraña al evento electoral, y sobre todo a los resultados obtenidos, la coalición dominante al poder vigente, declaró públicamente que habían ganado las elecciones presidenciales, sepultando de esta manera, no solamente a los principios que regían a ese proceso, tales como transparencia, confiabilidad e igualdad, sino también a la mencionada soberanía popular, de cuyo seno surgió el nuevo gobernante que irá a relevar al actual Presidente, pero que, ahora se pretende desconocer esgrimiéndose un conjunto de argumentos inconsistentes y absurdos, como afirmar que el candidato perdedor, ganó. Lo anterior se agravó, porque no mostraron ni menos aún muestran las actas de escrutinio con los resultados de todo el país, debidamente desagregados, deber fáctico que se sustituyó por un aparente proceso judicial de naturaleza contencioso-electoral, en donde el candidato perdedor acudió a una de sus fieles instancias, para que le certificaran unos resultados que no se conocieron públicamente y que de pasó logró la adhesión de uno sumisos e incondicionales pseudo opositores, que no se tomaron la molestia de consultar la ley de la materia, para comprobar lo que el mundo jurídico y político ya sabía, que eso era una trastada.
Ante esa falta de institucionalidad en favor de los ciudadanos, rápidamente el ilegitimo poder gubernativo a partir de 2025, convocó a los mismos conniventes partidistas del referéndum consultivo sobre el esequibo, de la elaboración del cronograma electoral y de parentesco ideológico a un proceso de reformas de un conjunto de leyes electorales, dando así un paso para intentar normalizar el desconocimiento a la “soberanía popular”, desplazándose de paso por el país, para realizar mesas de trabajo, con supuestos representantes de la sociedad, que no alcanzaron el 28 de julio, porcentajes de votación respetables. Otro intento por pasar la página del 28 de julio, recientemente tuvo lugar, cuando el actual Presidente de la República y candidato perdedor, declaró que el año que viene se van a hacer elecciones regionales, municipales y parlamentarias de manera separada, cuando en primer lugar, el actual CNE está totalmente desacreditado incluso entre la misma militancia del partido socialista, al no gozar de la más mínima confianza, no obstante esta grave circunstancia que es ignorada exprofeso, por supuestos dirigentes democráticos, algunos adelantados ya asoman sus nombres, para aspirar a ser gobernadores y alcaldes.
Esto último genera múltiples conjeturas, en virtud de que esos dirigentes, saben y conocen los resultados electorales obtenidos por sus respectivos candidatos presidenciales y en lugar de estar asomando sus posibles candidaturas, coincidiendo con el discurso de la élite oficialista, deberían hacerse a un lado, pues no solo, no cuentan con respaldo popular, sino que también, han reducido sus colectividades partidistas a pequeños grupos, producto justamente de no poner sus sentidos en sintonía con el sentimiento y pensamiento de las mayorías, a quienes han dado la espalda definitivamente, al ignorar olímpicamente a la soberanía popular. El 28 de julio se produjo soberanamente un nuevo Gobierno, bajo la dirección y responsabilidad del Dr. Edmundo González Urrutia, a él una mayoría designó para conducir el timón del gobierno y del Estado, o sea, lo legitimó, depositó en él apoyo, confianza y credibilidad, nuestro pueblo quiso un cambio en las ineficaces e ineficientes políticas públicas actuales que fueron rechazadas ampliamente, aunque sus creadores, las consideren infinitas e intocables, destacándose aquí lo dicho durante la campaña electoral por el Presidente electo en cuanto a que, será un presidente que no insultará o injuriará a sus adversarios.
El pueblo electoralmente ese día, dio un parado a las políticas clientelares, al lenguaje procaz utilizado tanto a lo interno del país, como en sus relaciones diplomáticas, muchos venezolanos volvieron del exterior para ejercer su derecho al voto en el país, otras personas en días siguientes fueron aprehendidas por protestar y reclamar el respeto a los resultados electorales, muchos de ellos, adolescentes que enfrentan procesos judiciales, y soportan condiciones exigentes en penitenciarias, madres que sufren y suplican por la libertad de esos muchachos que empezando sus vidas, fueron calificados como terroristas. No se puede pasar la página política del 28 de julio, porque la soberanía popular, merece respeto, no se le podía convocar, para luego burlarla, no se puede pasar la página porque un rector del CNE, tuvo que salir clandestinamente del país, a causa de las irregularidades que notó ese día y que denunció públicamente. No puede venir ahora, la parte perdidosa a hacer gala de un discurso de campaña, llamando fascistas a sus vencedores, cuando la decisión de cambio se consumó, y para nada el órgano rector electoral nacional, cuestionó la candidatura del Dr. Edmundo González Urrutia, que sigue con muy altos niveles de aceptación.
No se puede pasar la página del 28 de julio, porque la solución política, electoral y pacífica que dio el soberano, resolvió el nudo político que desde hace años sufre el país, la que debe ser respetada, de ahí que no valga tampoco, la consabida expresión usada desde el poder, de “que entre venezolanos resolvemos nuestros problemas”, para que, escudándose detrás de la noción de soberanía, que desconocen, volver trizas la solución dada a nuestros problemas, que significó para el gobierno, pérdida de poder, pues al parecer no saben vivir sin él, por tanto, reclamarlo de manera racional y mesurada, seguirá siendo responsabilidad de todos los que votamos en la opción ganadora. Intentar pasar la página sobre el 28 de julio es colocar por sobre la soberanía popular, otras conductas de dominación injustificadas, es usurpar un mandato casi que natural, para formar un gobierno de facto, es reconocer también que, el libre albedrío del venezolano no cuenta, cuando colide con la ambición desmedida de poder, es otorgar a la dignidad de las personas escaso valor, siempre supeditada a los cálculos o conveniencias del régimen inconstitucional, es burlarse de la tradición histórica republicana del país, es suplantar el entendimiento y los consensos, por las imposiciones y la arbitrariedad, es pretender desconocer una realidad socio-política que, por muy adversa que les sea, terminará por derrotarlos.
