La Organización Internacional del Trabajo define explotación laboral como “el acto o serie de actos cometidos por individuos o grupos que abusan de la vulnerabilidad de otros con fines económicos”. En efecto, cuando los trabajadores y obreros venezolanos se enfrentan a empleadores, públicos o privados, que les niegan un salario digno y suficiente para satisfacer sus necesidades, estamos en presencia de un acto deliberado contra las personas que ocasionan sufrimiento y dolor solo para que los explotadores disfruten de mayores ingresos.
Hay prácticas vulgares y reñidas con la legislación vigente que hacen que los trabajadores vivan miserablemente, sin la capacidad de ahorrar o invertir, sin posibilidades reales de conseguir algún día comprar una vivienda, proporcionar educación a sus hijos o tan siquiera enfrentar las contingencias de la vida. Los trabajadores venezolanos no pueden permitirse enfermarse, no pueden entretenerse, no pueden desconectarse del trabajo, la alternativa es el desempleo que, lógicamente, es peor.
El rosario de estas prácticas es largo y públicamente conocido: horarios esclavizantes, el robo de prestaciones sociales a través de cálculos infames, contratos contrarios a las leyes, obligatoriedad de firmar hojas en blanco para forjar renuncias o cosas peores, adulterar la relación obrero – patronal con la dependencia al sistema patria en el sector público (con sus efectos sobre la negación de los derechos sindicales y la contratación colectiva). Obviamente, los trabajadores perciben las inclinaciones de la bestia que los devora: hay una creciente discriminación por edadismo notoria porque es más fácil manipular, controlar y explotar a los trabajadores más jóvenes que desconocen sus derechos.
Ya no hay días libres, muchos puestos de trabajo, ahora, ni permiten salir libres los domingos. Muchas veces los momentos de descanso, si es que los hay, son de apenas minutos porque para algunos patrones la costumbre de almorzar es indudable demostración de vagancia. Todos esos abusos, todas esas agresiones, se convierten en más dinero y poder para los empleadores. Los perversos salarios y prácticas de los explotadores sólo pueden provocar trabajadores estresados, enfermos, sin autoestima, viviendo vidas vacías, sin significado, sin alegrías y con muchas tristezas. ¿A qué otra cosa puede atribuirse la alarmante cifra de suicidios, de depresión y de violencia?
Si ponemos la lupa interseccional al fenómeno de la explotación laboral en Venezuela podríamos ver cosas aún peores, por ejemplo, ¿Qué creen que pueden sufrir las mujeres frente a frente con un depredador sexual que a la vez sea un empleador? ¿El dilema entre la miseria y el hambre o ser víctima del chantaje sexual es un escenario tan difícil de imaginar?. Antes de que salga algún defensor convencido de la absoluta integridad moral de la mayoría de los empleadores venezolanos debe recordarse que todas estas prácticas son penadas por la legislación nacional e internacional pero en nuestro país gobierna todo menos la ley.
Si tan siquiera hubiera el interés de las autoridades de garantizar los estándares hemisféricos podría abrirse el debate para contrastar y visibilizar tales violaciones usando el Sistema Interamericano de Derechos Humanos pero cuando tal sugerencia se la hice a un funcionario regional en Carabobo me dijo “es que nosotros ya no estamos en la OEA”… A su lado estaba otro importante funcionario regional que complementó ese “razonamiento” rematando “y quizá nos salgamos de la ONU también”. Visto lo visto, los trabajadores seguirán padeciendo los abusos habituales: seguiremos viendo despidos disfrazados de renuncias, bonos en vez de salario, vacaciones y utilidades calculadas al gusto de las empresas y trabajadores que solo se diferencian de los esclavos de la época de la colonia por el solo hecho de que no reciben latigazos… Pero no hablemos muy fuerte, no sea que demos ideas.
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