Ayer, 2 de diciembre, se cumplieron veintidós años del mayor paro cívico de nuestra historia. Tanto este paro, como el previo de abril eran inevitables. Fueron la reacción ante las violaciones a la Constitución y por los pasos dados por el presidente Hugo Chávez para imponer un proyecto político nefasto. Permanecer pasivos no era una opción aceptable para ciudadanos responsables.
El de diciembre del 2002, no puede explicarse del todo sin considerar el iniciado por los petroleros el 4 de abril de ese mismo año. No nos importaron las consecuencias previsibles. Solo consideramos que no podíamos ser indiferentes ante los intentos de poner a PDVSA al servicio de un proyecto político. No se había creado la Asociación Civil Gente del Petróleo, ni Unapetrol. Un grupo de ejecutivos alertamos a los venezolanos y los compañeros de las áreas respondieron positivamente. En el país existía un ambiente de protesta que inició la Asamblea de Educación con el lema “Con mis hijos no te metas”, se agudizó por la tentativa del gobierno de controlar la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) y por el rechazo de Fedecámaras a la imposición de 49 decretos-leyes, algunas inconstitucionales
A ese paro se sumaron la CTV y Fedecámaras el 9 de abril, por lo que agradecemos a Carlos Ortega, a Pedro Carmona y a organizaciones de la sociedad civil por su apoyo. Todo desembocó en la masacre del 11 de abril propiciada por Chávez y su renuncia. Lamentablemente, posteriores decisiones inconvenientes determinaron que la Fuerza Armada lo reintegrara a Miraflores. Pidió perdón, hizo propósito de enmienda, nos reenganchó a los siete petroleros despedidos y a los catorce que había jubilado, por lo que el paro fue un acierto. Consistente con su manera de ser, al poco tiempo volvió a las andadas.
La continuación de los atropellos y las evidencias de que el gobierno quería imponer un totalitarismo desencadenaron el paro de diciembre, convocado por todos los partidos de oposición y varias ONG agrupados en la Coordinadora Democrática, la CTV y Fedecámaras. Los trabajadores petroleros no lo convocaron, pero miles nos sumamos por decisión individual. El objetivo fue presionar para la realización de un referendo consultivo sobre la gestión gubernamental. Sin embargo, la mayoría de los participantes tenía en mente que el presidente Chávez renunciara como lo hizo en abril.
En esta oportunidad el gobierno estaba preparado. No se logró la renuncia, pero el paro y las manifestaciones multitudinarias de los ciudadanos obligaron al gobierno a aceptar la mediación del Secretario General de la OEA, del Centro Carter y del Programa de Naciones Unidad para el Desarrollo, con el respaldo del Grupo de Países Amigos integrado por Brasil, Chile, España, Estados Unidos, México y Portugal. El 29 de mayo del 2003 se firmó un Acuerdo que establecía, entre otros puntos, la celebración de elecciones transparentes con un CNE imparcial, independencia de los poderes públicos, respeto a los derechos humanos y realización de referendos revocatorios de los cargos de elección popular. Este Acuerdo fue un logro de la oposición. Desafortunadamente, los garantes internacionales no exigieron su cumplimiento y quizá la oposición apostó todo al referendo revocatorio presidencial, que Chávez demoró y realizó con ventajismo y trampas.
El costo para los demócratas fue elevado. Muchos fueron despedidos de las dependencias oficiales y de las empresas del Estado y numerosos comerciantes tuvieron que cerrar. Para los petroleros fue una pérdida significativa, ya que unos 23.000 fueron despedidos sin pago de prestaciones, ni devolución de los haberes en el Fondo de Ahorros. Quien esto escribe se había jubilado en octubre del 2002, pero fui despedido posteriormente. Como no se logró la renuncia de Chávez, algunos políticos marcaron distancia de ese paro que empezaron a llamar petrolero. Otros criticaron a Carlos Ortega y a Carlos Fernandes porque se fijó en tiempo de navidad y se prolongó más de lo inicialmente planificado. No faltan algunos arrepentidos debido a las penurias económicas que padecen, olvidando que cada quien tomó su decisión.
El paro o huelga es una herramienta de los ciudadanos para resistir e intentar derrocar a una dictadura. Se justificaron en el 2002 y, con más razón, se justificaría hoy para exigir la toma de posesión del presidente electo Edmundo González ¡Gente de Petróleo y Unapetrol, al igual que todos los demócratas siguen presentes y comprometidos hasta el final!
Como (había) en botica: Orlando Camacho, el mentiroso presidente de Fedeindustria, declaró que “no hay nadie que gane menos de 200 dólares mensuales”. Juan Pablo Olalquiaga, expresidente de Conindustria, aseveró que “los gremios empresariales están en la obligación de hablar sobre política y los problemas importantes del país”. Ustedes pueden ver la diferencia entre un dirigente y buen ciudadano como Olalquiaga y un sumiso como Camacho. Lamentamos los fallecimientos de Mery Pittevil y de Eusebia González de Medina, compañeras de Gente del Petróleo y de Unapetrol. ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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