Desde hace casi dos semanas los venezolanos y la comunidad internacional hemos sido testigos del acoso que están sufriendo un grupo de compatriotas refugiados en la embajada de Argentina en Caracas. Si bien es cierto que Miraflores rompió relaciones diplomáticas con Argentina, también es verdad que la embajada quedó a cargo del gobierno de Brasil, cumpliendo con todos los protocolos legales y acuerdos diplomáticos que rigen a los Estados que respetan el derecho internacional, unos límites que no desean cumplir los poderosos que gobiernan a Venezuela.
El acoso a la sede diplomática y la supresión de los servicio de agua y electricidad así como la limitación al suministro de alimentos han sido las acciones que ha desplegado el régimen para quebrar la moral de los asilados y obligarlos a entregarse a un sistema judicial controlado por la dictadura, un acoso criminal que ocurre gracias a la inacción de las autoridades de Brasil, ¡responsables de la sede diplomática!, y del silencio de buena parte de los embajadores de los países democráticos que están acreditados en Venezuela. Lo que ocurre en unos pocos metros de una de las calles de Caracas es una dolorosa demostración de que el respeto al derecho internacional y la defensa de los valores democráticos, ideales que hasta hace poco unían a las principales democracias en el mundo y sus ciudadanos, son pisados por gobiernos violentos decididos a imponer su voluntad gracias en parte, al silencio de la diplomacia convertida en meros gestos apaciguadores con las dictaduras.
Esta dolorosa experiencia que están sufriendo Magalli Meda, Pedro Urruchurtu, Omar González, Claudia Macero, Humberto Villalobos y Fernando Martínez Mottola, perseguidos políticos de la dictadura venezolana, es también una evidencia de los riesgos que significa hacer política en nuestro país. En la actualidad cualquier venezolano, indistintamente de su actividad, visibilidad, edad y género, que persista en el esfuerzo de procurar el cambio pacífico y democrático que queremos la mayoría de los ciudadanos, se expone a una situación de alto riesgo por parte de un régimen que asume toda crítica y expresión de disidencia como una afrenta que debe ser suprimida de manera violenta.
Lo hemos dicho y tenemos que insistir: la legitimidad que el gobierno fue incapaz de obtener en las elecciones del 28 de julio, la pretende sustituir por el miedo que buscan imponer a toda la sociedad venezolana. Lo que está ocurriendo en la embajada argentina es un ejemplo para la comunidad internacional, de la crueldad del régimen que quiere imponerse en Venezuela tras el fraude del pasado 28 de julio. La sede diplomática, como han señalado algunos periodistas, se ha convertido en otro módulo penitenciario de la dictadura venezolana, donde se exhibe sin decoro, una parte del abanico de torturas que sufren los presos políticos en nuestro país.
Vivimos tiempos complejos y dolorosos que están poniendo a prueba nuestra capacidad de resistencia y nuestras fuerzas para no dejarnos llevar por la tristeza que quieren imponer los poderosos que gobiernan a Venezuela. Lo que ocurre en nuestro país es un ejemplo de un conflicto mayor que recorre el mundo, la lucha entre quienes trabajan por la libertad y la democracia y aquellos que quieren imponer la dictadura, una historia que en Venezuela se vive con episodios crueles como la persecución política, la detención y tortura de menores de edad, el exilio masivo de ciudadanos y ahora el acoso criminal que están viviendo este grupo de asilados en una embajada.
Por todas estas razones seguiremos trabajando para explicar al mundo lo que ocurre en nuestro país y lograr un compromiso real en apoyo a nuestras luchas democráticas.
Este ha sido y seguirá siendo nuestro compromiso.
Fundador de Alimenta La Solidaridad y Mi Convive – www.rpatino.com
