La reciente aprobación en la Asamblea Nacional (AN) de la llamada “Ley Libertador Simón Bolívar” está generando debate en el seno de la sociedad venezolana, que estaría marcado por las opiniones de factores asociados al gobierno, -quienes la apoyan de forma directa-, y de oposición, -que la rechazan-. Unos y otros están en la obligación de informar a los ciudadanos sobre el fondo de esa Ley y sus aspectos positivos o negativos para los habitantes y el funcionamiento del Estado, que en todo caso debe estar apegado a lo que dicta la Constitución de la República vigente desde el año 1999, aprobada por la mayoría de los venezolanos.
Las opiniones que se vienen conociendo de expertos en la materia señalan que el instrumento “legal” contiene una serie de disposiciones que violan lo establecido en la Carta magna, tales como el derecho a opinar, a libre asociación, a hacer política, e incluso, la señalan como una acción disimulada e ilegal para desmontar la actual estructura del Estado, sin hacer la debida consulta a los ciudadanos, y crear así un Estado paralelo. Esa apreciación permite entonces entender el ¿por qué? de lo improvisado en la elección de los jueces de paz. Agregar, además, que están otorgando presupuestos chucutos a las gobernaciones y alcaldías con la finalidad de debilitarlos y llevarlos al cierre técnico, porque ni para el funcionamiento interno les va a alcanzar, dada la voracidad con la que se devalúa el bolívar, tal vez buscando sustituirlas por las llamadas comunas (que no están establecidas en la Constitución de la República). Ese accionar permite entender que ciertamente hay una desconexión en la toma de decisiones de los gobernantes con lo que son las aspiraciones de las comunidades.
En ese sentido, es necesario y pertinente que la aprobación de las leyes sea de acuerdo con lo que está establecido en la Constitución de la República, en el entendido de que allí reposa el marco jurídico, político y social que acordaron los venezolanos (todos sin excepción) para establecer la sana convivencia nacional, en un proceso participativo, refrendado por los ciudadanos, dotándola de legitimidad. Es el respeto al Estado de Derecho lo que se estaría atropellando, además de la confianza ciudadana en las instituciones, y eso es intolerable. Violentar lo acordado en la Constitución de la República es dar un golpe a la justicia, la equidad y el desarrollo armónico de la nación.
Si los defensores de esa Ley, argumentan que con ello están honrando el legado del Libertador, entonces lo que se evidencia es una soberbia contradicción, porque lo pretendido dista años luz de los ideales de Simón Bolívar, en el entendido que él fue un defensor de la legalidad y el respeto a las normas. Es así como se edifica una república sólida y soberana. Hacer uso del legado de Bolívar para beneficiar el pensamiento único a través de las instituciones del Estado es solo un pretexto para esconder el verdadero propósito de quebrar el principio de la separación de poderes.
El diálogo es necesario; se debe reflexionar sobre el impacto que decisiones de esa naturaleza pueden generar en la sociedad. El tejido social venezolano ha sido profundamente afectado por la polarización. Se debe reconstruir la confianza en las instituciones, y eso pasa por el respeto a la Constitución de la República. Si la intención es cambiar lo acordado y registrado en ese instrumento legal, entonces que consulten a los ciudadanos. Hay vías para hacerlo. El uso de atajos políticos para imponer condiciones no es bueno para nadie. Sin el faro de luz alumbrando el camino, la oscuridad es la reina.
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