El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que el Ministerio Público pedirá seis meses de detención preventiva en una cárcel pública para el expresidente Evo Morales por el presunto caso de trata y tráfico de personas.
Se está solicitando la detención preventiva por seis meses en una cárcel pública, dijo Mariaca a los periodistas en Sucre.
Vamos a esperar la audiencia de medidas cautelares (para cuando) señale el juez cautelar. Se está solicitando la medida excepcional por seis meses en una cárcel pública, dijo Mariaca a los periodistas en Sucre.
Asimismo, confirmó que este lunes se presentó la imputación formal contra el exmandatario.
Este lunes 16-12-2024, se conoció la imputación que realizó la Fiscalía Departamental de Tarija contra Morales, además de la orden de aprehensión y la activación de alerta migratoria, para que no pueda salir del país.
Mariaca dejó en manos de la Policía Boliviana la ejecución de la orden de aprehensión del líder cocalero y que esa institución brindará un informe sobre ese tema.
La fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, informó que la orden de aprehensión contra el exmandatario data de octubre de este año, sin embargo, debido a riesgo en su ejecución, no se pudo concretar.
Ese mandamiento de aprehensión no ha podido ser efectivizado de acuerdo a los informes que nos han emitido los asignados al caso como las unidades de la policía. No se podía ingresar al lugar donde se encontraba (Morales) por que existía riesgo para la vida de los policías, como de personas particulares, dijo la fiscal tarijeña en entrevista con Unitel.
Por su parte, la defensa jurídica de Morales afirmó que no recibieron la notificación de la imputación.
Lo único que sé, es que (Morales) no fue notificado y lo que estaba viendo ahora es que la misma Fiscalía reconoce que no han notificado supuestamente por los bloqueos, que han cesado hace más de un mes, respondió Chávez ante la consulta de los periodistas.
En la misma línea, el abogado Nelson Cox sostuvo que en lo absoluto se conoce información sobre esto. Además, dijo que los abogados debían ser los primeros en ser notificados y que se enteraron de la situación a través de los medios de comunicación.
Además, consideró que el caso responde a un interés político.
La Razón de Bolivia