Está por finalizar el año 2024, uno que será el punto de inflexión del proceso histórico de los últimos 26 años del acontecer nacional. Ese proceso, que ya está inscrito en la historia nacional con el nombre de chavismo, acompañando al gomecismo y al perezjimenismo, ha sido una trágica desviación del proceso democrático que se inició en Venezuela el 23 de enero de 1958 con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez. También pasa a la posteridad como el peor de los tres. Las causas por las cuales Venezuela decayó en dictadura, luego de transitar el camino democrático por cuarenta años (1958-1998), no han sido bien explicadas porque aún viven los causantes de las mismas. Revelarlas con claridad será la tarea de los historiadores del futuro.
¿Qué ocurrió en 2024 para considerar que este año es crucial y punto de inflexión del proceso histórico que estamos viviendo? Que el 28 de julio del mismo se llevó a cabo una elección presidencial en la que la oposición liderada por María Corina Machado, después de un largo período de abatimiento, frustración y abstención, acudió masivamente a las urnas electorales y obtuvo una victoria épica, con más de 7 millones de sufragios a su favor, que hubieran sido más de 10 si el régimen hubiera permitido votar a los venezolanos de la diáspora. Esa cantidad de votos, que Chávez inútilmente trató de lograr y no pudo, la habría obtenido Edmundo González Urrutia si el proceso electoral se hubiera cumplido de conformidad con el ordenamiento legal.
La adulteración del resultado electoral, en la forma tan chabacana, descarada, exagerada y notoria como la realizó el CNE de Maduro no puede pasar por debajo de la mesa ni mantenerse a lo juro sin que el régimen sufra un enorme perjuicio. Se trata de una transgresión política, legal y ética demasiada gruesa y pesada como para que no le cause un grave daño al régimen en su estructura y funcionamiento. Si ocurre la juramentación de Maduro como presidente de Venezuela el próximo 10 de enero, la misma constituirá un acto ilegal y el personaje de marras se convertirá ipso facto en un gobernante desprovisto de toda legitimidad, un auténtico usurpador del poder. Todo acto de rebelión en su contra será válido y justificado. No podrá alegar ningún derecho. Solo podrá ejercer el poder por la fuerza y la represión, como ya lo viene haciendo. En estos casos, la Constitución Nacional prevé que todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene el derecho y el deber de desconocerlos y combatirlos.
Con el desacato de la voluntad popular expresada el 28 de julio Maduro cerró las puertas de la legalidad. Impedida como ha sido la salida electoral surgen las siguientes interrogantes: ¿Qué hará la Fuerza Armada Nacional (FAN) cuando se agraven los conflictos derivados de la usurpación? ¿Se mantendrá fuera del orden constitucional, ejerciendo la represión, para servir a un régimen ilegítimo, sin respaldo popular, que no tiene la capacidad de resolver los inmensos problemas nacionales que él mismo ha causado durante su exageradamente largo ejercicio del poder? ¿No habrá en la FAN suficientes personas honestas, responsables y valientes capaces de revertir el triste papel que esta institución ha venido cumpliendo desde hace ya bastante tiempo?
Después de demostrarse fehacientemente que la salida pacífica, democrática y constitucional que tanto se le pidió a la oposición que ejerciera, y que ésta cumplió a cabalidad el 28 de julio pasado, no fue respetada por el régimen antidemocrático de Nicolás Maduro, el único camino que queda es que la FAN reivindique su imagen, se ponga del lado del pueblo venezolano y sin ejercer la violencia, desconozca al régimen ilegítimo de Maduro para forzar una salida pacífica pactada con la oposición, como lo hizo el 23 de enero de 1958. De esa forma impedirá la profundización de la crisis y el incremento del derramamiento de sangre. Tal actuación no sería un golpe de Estado, sino una acción legítima y constitucional. Eso es lo que pública, valiente y vigorosamente debería pedírsele a la FAN que hiciera si Maduro se proclamara presidente de Venezuela el 10 de enero de 2025.
