Van pasando los días, luego del 28 de julio, el tiempo inexorable nos lleva al nuevo año, y con él nos aproximamos al 10 de enero, fecha que viene despertando un gran interés nacional e internacional, por lo que podría pasar ese día, esto es, si el oficialismo se confirma en su posición antidemocrática de desconocer los resultados electorales presidenciales y subsiguientemente traicionar la Constitución de la República, al juramentar un gobierno de facto que sería inexorablemente vulnerable institucionalmente, sujeto subsiguientemente a un clima de inestabilidad, la que seguramente, será respondida con cercenación de derechos individuales y políticos. A la burla mencionada, cometida contra la soberanía popular, se une la prolongada crisis del “principio de separación de poderes”, la cual es de todos conocida y criticada, pero que nuevamente vuelve a dejarse sentir, porque ningún poder estatal del nivel nacional, se muestra receptivo a ejercer contrapeso contra esta grave y vergonzosa situación, lo que deja a los ciudadanos en total indefensión, frente a este zarpazo, que se da sobre seguro, con base a la fuerza, las armas y el ventajismo del poder, esgrimiéndose además, sin ningún tipo de recato democrático, la necesidad de armar sectores de la población, intoxicados de literatura marxista.
Queda claro entonces que, en la actualidad, los ciudadanos no tenemos seguridad garantizada a nuestras integridades y derechos, sin embargo a pesar de ello, tenemos un estado de conciencia enraizado con profundos valores republicanos, como la libertad, la justicia y la paz, que nos permite reclamar cívica y diariamente la vuelta a la democracia, de la cual, por cierto, ya casi no se habla, ni se promueve, porque reclamar el triunfo electoral ha significado visibilizar las múltiples trapisondas cometidas, por un régimen estatal que, fue partidario de la democracia, mientras los resultados electorales le favorecieron o no fueron cuestionados. Por supuesto que, si se hiciera un ejercicio imaginario de autonomía de poderes, apegado a la Constitución y a la Democracia, lo anteriormente opinado, no hubiese ocurrido; así se hubiese reconocido transparentemente el triunfo electoral de EGU, igualmente se hubiesen dado a conocer los resultados electorales desagregados de todo el país, se hubiese rechazado por el Poder Judicial la ficticia acción contencioso electoral ejercida por el candidato perdedor y tal vez, se hubiese sancionado ejemplarmente a quienes prevalidos del poder, se envalentonaron contra una población indefensa, abandonada en sus opiniones por el contumaz poder estatal.
Ahora bien, como ciudadanos y, contradictores del gobierno y sus modos de proceder, no podemos resignarnos a aceptar las cosas como las quiere hacer el gobierno el 10 de enero, hay que seguir advirtiendo, con seriedad y fundamento a los felones que, más temprano que tarde, deberán responder con un nuevo modelo de justicia, por todos los excesos cometidos, sobre todo a los derechos humanos y al erario público, sin el mayor asomo de patriotismo, ni sanciones contra los responsables de todos esos delitos, los cuales por los demás, impidieron inversiones necesarias en servicios públicos esenciales a la población. En los días previos al 10 de enero, se pone de manifiesto que, no hay un sistema efectivo de contrabalances entre las distintas ramas del Poder Público, tan necesario para reivindicar la democracia. Todo lo contrario, hay una innegable componenda institucional, para mantenerse a trocha y mocha en el poder, aun cuando, además, los indicadores de la gestión del gobierno, sean ampliamente negativos, con una dura realidad que permanentemente les explota en la cara a la élite dominante, pero que ellos, cínicamente eluden, intentando desviar el principal asunto de interés nacional, hacia el farragoso glosario de términos marxistas retrógrados.
De otra parte, da pena ver, como algunos dirigentes pseudodemocráticos, declaran que el candidato derrotado el 28 de julio, se juramentará, porque el actual Presidente del cuerpo parlamentario estará allí nuevamente, en el venidero año, y éste no juramentará a nadie que no sea el mencionado perdedor, en vez de recordarle clara y tajantemente que, al hacerlo inmediatamente comprometerá su responsabilidad, ante lo cual solo resta decir que, esos dirigentes ya fueron inoculados ideológicamente por el oficialismo y pasarán a la cesta de la historia, como personas pusilánimes, que prefirieron parearse al gobierno que adversarlo. Ha ocurrido entonces que, luego de unas elecciones escasamente competitivas, el sistema político venezolano, parece desembocar en una dictadura, lo cual era una posibilidad, pues el gobierno prefirió este camino antes que democratizarse, yéndose tranquilamente a la oposición, lo cual parece le resulta imposible, tal vez, por las muchas operaciones de diversa índole que lleva adelante tanto en el país, como en el exterior, las cuales resultarían escandalosas sometidas a la lupa de exhaustivas investigaciones, muy poco realizadas de manera profesional e imparcial en los años de hegemonía gubernativa roja.
Frente a lo anterior, cabe decir que, necesitamos poderes públicos, que en realidad eviten la concentración del poder y el autocratismo, como no se hace en la actualidad. Que, desde ahora, se piense y se busquen las mejores voluntades, para el desempeño de las distintas funciones del Estado a cualquier nivel territorial. Que el principio de colaboración de los poderes, verdaderamente lo sea, en función de beneficios para la población y de los valores que la rigen, y que, en sus funciones propias, satisfagan positivamente las distintas demandas sociales y que la autonomía de los poderes sea en definitiva para que se hagan contrapesos entre ellos. Al respecto, conviene en este pasaje de la presente opinión, recordar al maestro español Manuel García Pelayo, quien sobre el principio de separación de poderes opinaba que, “no hay un modelo patentado, ni un dogma sobre la división de poderes, sino que ésta tiene en cada tiempo sus propias peculiaridades de actualización” a lo cual se agrega, conservando eso sí, su poder de autodeterminación, para tomar las decisiones que más convengan a la República, de manera igualitaria e imparcial y no como en la actualidad, donde un solo poder ordena a los restantes, llegándose inclusive a reconocer públicamente esa falta de autonomía.
Se observa también, como en los últimos días, países limítrofes con Venezuela, como Guyana y Trinidad Tobago, realizaron convenios de distinta índole, con Brasil y EEUU, no solamente para garantizar su desarrollo y tranquilidad interna, sino también para prevenir cualquier alteración entre esos países y el nuestro, todo debido a la debilidad institucional que perciben, producto del conocimiento que ellos tienen del resultado electoral y de los informes enviados por sus legaciones diplomáticas en tal sentido,, quienes con la natural circunspección diplomática, han venido conociendo del lenguaje violento y prácticas con las que el Gobierno insiste en quedarse en el Poder. Por último, se repite, la crisis del principio de separación de poderes, nos obliga como ciudadanos demócratas, a reflexionar profundamente sobre la dura experiencia que estamos enfrentando, tenemos el insoslayable deber de regresarnos pacíficamente los distintos poderes públicos, ya empezamos con la Presidencia de la República, aun cuando haya resistencia a aceptarlo, en todo caso, el camino al 10 de enero, nos encuentra a más de 7 millones de venezolanos, caminando juntos en procura de reivindicar el respeto hacia nuestra mayoritaria opinión electoral, para así lograr devolver en definitiva el poder a la soberanía popular.
