Por su particular ubicación geográfica, Venezuela hace parte del Caribe, del Atlántico, de los Andes, de los Llanos y de la Amazonia. Esta multiplicidad de regiones naturales la proveen de una alta variedad de flora, fauna y ecosistemas, ubicándola en el séptimo puesto de los 17 países megadiversos del mundo, de acuerdo con la clasificación del Centro Mundial de Monitoreo de la Conservación (WCMC).
Venezuela cuenta con un sistema de 105 áreas geográficas que están consagradas por ley a la protección y al mantenimiento de la diversidad biológica del país, así como de los recursos naturales y culturales asociados. La gran mayoría de estas áreas legalmente protegidas fueron establecidas durante las dos últimas décadas del siglo XX y cubren aproximadamente 238.000 kilómetros cuadrados del país.
Una cantidad muy importante de estas áreas protegidas está ubicada al sur del río Orinoco. Esta zona geográfica, conocida también como la Amazonia venezolana, es la región natural más grande del país y está integrada por los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, los cuales, en su conjunto, abarcan casi la mitad del territorio nacional.
El 43 por ciento de este extenso territorio sureño ha sido declarado como área protegida por el Estado venezolano. Allí están ubicadas dos reservas de biosfera, ocho parques nacionales y diecinueve monumentos naturales. Dentro de ellos, destacan los espectaculares paisajes del parque nacional Canaima, la Gran Sabana, el Salto Ángel y los tepuyes del Escudo Guayanés.
Esta zona privilegiada no solo está revestida de una elevada importancia medioambiental y climática para el país y para el mundo, sino que, además, de su buen manejo y conservación depende la Cuenca del Rio Caroní, que provee las reservas de agua dulce más importantes del país y alimenta el embalse del Guri y su sistema hidroeléctrico, generador de cerca del 80 por ciento de la energía eléctrica nacional. De estos frágiles ecosistemas también depende, de manera especial, la subsistencia de 27 etnias indígenas que habitan la Amazonía desde tiempos ancestrales.
A pesar del valor estratégico de estos territorios y de estar protegidos legalmente, desde hace seis años se viene desarrollado en ellos una depredadora política extractivista de minerales que, de acuerdo con múltiples informes nacionales e internacionales, ha producido incalculables e irreversibles efectos negativos para Venezuela.
Los antecedentes
En el año 2011, y tras el progresivo deterioro de la industria petrolera venezolana, el entonces presidente Hugo Chávez focalizó su atención en la explotación intensiva de las riquezas minerales de la zona sur del Orinoco. Con ese objetivo, nacionalizó la industria aurífera del país, a través del Decreto Ley No 8.413. En esta norma, se definieron como “zonas de seguridad” las áreas sujetas al desarrollo de la actividad de exploración y explotación del oro y, por lo tanto, se le asignó su control a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
En el año 2016, el actual gobernante, Nicolás Maduro, mediante el Decreto No 2.248, estableció la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco”, la cual ocupa un área de 111.843,70 kilómetros cuadrados (una extensión mayor que la de Austria). La expectativa del Gobierno era extraer y comercializar los yacimientos de oro, diamantes, hierro, bauxita, coltán, cobre, caolín y dolomita.
El decreto de Maduro fue rechazado por múltiples organizaciones académicas y ambientalistas del país. La ONG Provea, la Universidad de Los Andes (ULA), y el Grupo de Trabajo de Asuntos Indígenas (GTAI) calificaron al Arco Minero como un “proyecto extractivista de megaminería a gran escala, en una zona de alta fragilidad ecológica, violando la normativa nacional y los principios internacionales del derecho ambiental”. Se señalaba que el decreto impulsaría la explotación de minas de cielo abierto, que es un sistema de mayor impacto ambiental y, por ello, muchos países lo han prohibido.
Diversas organizaciones ambientalistas venezolanas, preocupadas por los efectos de este proyecto, intentaron sin éxito un recurso de nulidad, ante el Tribunal Supremo de Justicia, contra el decreto de creación del Arco Minero. Según estas organizaciones, este decreto era ilegal e inconstitucional, ya que no fue aprobado por la Asamblea Nacional, no se realizaron los estudios de impacto ambiental y sociocultural, ni tampoco se hicieron las consultas previas a los pobladores de la zona, tal como estaba establecido en la Ley.
Un balance, a seis años del decreto del Arco Minero
Como en tantas otras áreas de la gestión gubernamental venezolana, también en lo relativo al ambiente ha habido mucha opacidad y falta de información: “No hay datos oficiales del Estado en materia de ambiente que estén libremente disponibles”, afirma Jon Paul Rodríguez, Presidente de la organización ambientalista Provita. Esta falta de información gubernamental ha sido subsanada parcialmente y con mucho esfuerzo por varias organizaciones civiles protectoras del ambiente.
Hoy en día, luego de haber transcurrido seis años desde que Nicolás Maduro decretara el Arco Minero, el balance de las organizaciones ambientalistas apunta a que, lamentablemente, se hicieron realidad los peores pronósticos que se tenían en relación con esta política extractivista del Estado venezolano. “No se ha cumplido ninguno de los objetivos declarados del Gobierno; por el contrario, el Arco Minero es ampliamente considerado como el centro de un experimento descontrolado y a menudo violento en la explotación de recursos, regiones y comunidades” señala el estudio de la OCDE “Flujos de oro desde Venezuela”, de 2021.
Los impactos de esta política son tan negativos que algunas ambientalistas como, Cristina Burelli, fundadora de la organización SOS Orinoco, los han catalogado de “ecocidio”: “actos ilegales o arbitrarios, cometidos conociendo la probabilidad real de que estos actos provoquen al medio ambiente daños graves, generalizados o duraderos”. Aunque este delito no existe aún en el derecho internacional, instancias como el Parlamento Europeo han animado a la Unión Europea “a reconocer el ‘ecocidio’ como un delito internacional, en el marco del Estatuto de Roma” .
Mas allá del impacto ambiental, esta política gubernamental ha tenido, además, graves repercusiones políticas, económicas, culturales y sociales para Venezuela. “El carácter predatorio que ha adquirido el extractivismo, siendo la minería su expresión más cruda y emblemática, está comprometiendo los entramados vitales del país”, afirma el Observatorio de Ecología Política de Venezuela.
Algunos impactos
La lista de consecuencias de este proceder estatal es larga:
Expansión descontrolada de la minería ilegal: La política extractivista minera se ha extendido de forma ilegal más allá de la poligonal del Arco Minero y ha alcanzado áreas protegidas como los parques Canaima y Yapacana, las cuencas de los ríos Paragua y Caura, la reserva de biosfera Alto Orinoco Casiquiare, todo el norte del estado Amazonas y la frontera sur de Amazonas con Colombia.
Deforestación: más de 1.000 hectáreas de los ecosistemas del Parque Nacional Canaima, el equivalente a más de 1.300 campos de fútbol, han sido destruidos por la minería ilegal, de acuerdo con lo señalado por SOS Orinoco. Esta deforestación, además del daño a la biodiversidad de la zona, ha impactado gravemente la cuenca del Rio Caroní, de la cual depende el sistema hidroeléctrico del país.
Contaminación de las cuencas hidrográficas y de sus ecosistemas acuáticos: Según el informe 2021 del Observatorio de Ecología Política de Venezuela, se ha demostrado la presencia de mercurio en los ríos Ventuari, Caura, Caroní, Cuyuní y Orinoco. El uso de mercurio por parte de la minería contamina las aguas, peces y cultivos de la zona, y termina afectando en el corto plazo a los seres humanos.
“Las poblaciones originarias y locales están siendo afectadas por compuestos tóxicos como el mercurio y el cianuro”, señala el informe de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En igual sentido, una investigación de SOS Orinoco encontró que el 35 por ciento de los indígenas de la etnia Pemón presentan niveles de mercurio más altos que lo establecido en los parámetros de la OMS.
Proliferación de enfermedades que habían sido erradicadas: La deforestación y la acumulación de aguas estancadas y contaminadas como resultado de la actividad minera han favorecido el resurgimiento de la malaria en esa zona y su expansión al resto del país. Así lo confirma el estudio “Malaria en el sur de Venezuela: el punto más caliente de América Latina”, elaborado por un grupo de 11 investigadores, liderados por María Eugenia Grillet, de la Universidad Central de Venezuela.
Violencia Criminal: Según SOS Orinoco, “La minería en el sur de Venezuela se ha convertido en una actividad imbuida dentro de una gran trama delincuencial organizada que llega a todos los niveles del poder político y militar”. El Observatorio de Ecología Política de Venezuela destaca que dentro de los grupos violentos que controlan la minería ilegal se encuentran bandas criminales y grupos armados extranjeros, incluyendo sectores del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El conflicto entre estos grupos por el control de la minería ha ocasionado numerosas masacres, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones, entre otros hechos violentos. Según el informe de Bachelet, esta violencia ha afectado especialmente a comunidades indígenas, que han sido objeto de actos de violencia física y verbal, robo y abuso sexual en contra de las mujeres. Por otra parte, la actividad de estos grupos armados colombianos en esa zona vulnera gravemente la soberanía venezolana.
Desplazamientos Forzados: Según sostiene la organización Global Forrest Watch, “Comunidades como los pemones, yanomami y ye’kuanas han tenido que abandonar sus tierras ancestrales, al ser invadidas por mineros y grupos armados, o trabajar en las minas para sobrevivir, enfrentando la amenaza de la violencia de los grupos armados y el aumento del costo de vida. Esta gran alteración de sus formas de vida tradicionales ha estrangulado la cultura indígena”.
Saqueo de las riquezas minerales: Paradójicamente, no se sabe a ciencia cierta a cuánto ascienden los ingresos que le ha producido a Venezuela tan descomunal destrucción. Según el estudio de la OCDE, “es difícil medir la escala de la producción de oro en Venezuela. Las cifras oficiales no son confiables, e incluso las estimaciones más cuidadosas de ONG, periodistas y otros observadores deben venir con la advertencia de que un ecosistema tan complejo y opaco de criminalidad y corrupción es resistente a la inspección”.
En ese estudio del pasado 2021, se estima que la producción anual podría llegar a un total de 75 toneladas al año. Sin embargo, según la organización Transparencia Venezuela, entre 70 y 90 por ciento de esa producción de oro sale del territorio de manera ilegal. Por supuesto, se trata entonces de un contrabando que solo enriquece a unos pocos.
En el 2015, el Arco Minero fue presentado al país como una fuente de ingresos fiscales, de empleos y de desarrollo sustentable. Sin embargo, seis años después de su aprobación, la realidad es otra. Venezuela ha pagado un descomunal precio ambiental, social, político y cultural y, a cambio, no ha recibido nada.
