Puentes abiertos entre Colombia y Táchira: Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y el Unión.
Pese a la apertura de los puentes internacionales, primero para paso de peatones y, más recientemente, para el paso de vehículos no ha mermado el flujo de mercancías por las más de 250 trochas que conectan el Norte de Santander con el estado Táchira. Las estructuras y puentes establecidos sobre el río Táchira para el paso de mercancía vía trocha siguen vigentes, así como la dinámica comercial alrededor de estos pasos ilegales y, según los pobladores de la frontera, esta situación no cambiará en el corto plazo por dos razones fundamentales: los controles y la matraca.
Ciudadanos y comerciantes resaltan que en el paso por las trochas no sólo hay muchos intereses tanto de grupos al margen de la ley como de mismas autoridades a ambos lados de la frontera, sino que la economía que se genera alrededor del paso ilegal de la mercancía deja grandes ganancias, especialmente en grandes cantidades, pues el ahorro por los denominados caminos verdes no tiene parangón al poder saltar los trámites aduanales y la matraca de los organismos de seguridad.
Los ciudadanos consultados estiman que sobre los puentes internacionales se apostan más de cinco organismos militares y aduanales y que cada uno exige su porcentaje para permitir el paso de las mercancías, siendo así que deben hacer varios pagos menores que, sumados, dan grandes cantidades, mientras que por las trochas hacen un solo pago y listo.
Además, aseguran que al pasar por los puentes fronterizos muchas veces se exponen a que de todas maneras y pese al pago de los sobornos les confisquen sus productos por cualquier razón, mientras que quienes supervisan el paso en las trochas ejercen un férreo control, con la seguridad de que quien se coma la luz y dañe o robe parte de alguna mercancía paga las consecuencias, así que consideran que, en términos generales, la mercancía estaría incluso más segura.
Seis unidades
Del lado colombiano, el personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), limita también el tránsito y desde el 27 de enero de este año el organismo emitió la Resolución 000005, que permite el paso legal de ciertas mercancías por los puentes fronterizos sin gravamen, especialmente de aquellos considerados de consumo básico para beneficiar a los residentes de los municipios colindantes del territorio aduanero.
Sin embargo, para permitir el paso los ciudadanos no pueden atravesar los puentes con productos que se salgan de esta clasificación (están divididos en ocho grandes sectores) ni portar más de seis (06) unidades de cada tipo de producto sin la cancelación de los respectivos trámites aduaneros, por lo cual las trochas son el paso predilecto para quienes revenden los productos del lado venezolano o necesitan insumos de otros tipos.
En resumen, el tránsito de productos en pequeñas cantidades para consumo familiar es el que sigue pasando por los puentes internacionales, pero la mercancía a gran escala, con fines comerciales es el que sigue pasando por las trochas, con la anuencia no explícita de las autoridades de ambos países —que juegan a la inacción—, el control de grupos irregulares y mano de obra, en su mayoría, del centro del país.
Acabar con matracas
Tanto la denominada matraca como el establecimiento de fuerzas paralelas en el margen fronterizo para el control de las trochas han sido un flagelo que autoridades de ambos países han reconocido y asegurado que combatirán. Sin embargo, hasta la fecha no se ha dado ningún avance en esta materia.
En octubre del año pasado, recién a un mes de haberse abierto el paso peatonal por los puentes y reiniciar el intercambio comercial entre ambos países, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, admitió que la economía sigue pasando por la trocha porque allí uniformados, funcionarios de allá y de acá, están cobrando la comisión.
Sostuvo que habían abierto la frontera para que a los vivos de aquí y de allá se les llenen los bolsillos y se enriquezcan y que iba a coordinar con el presidente, Nicolás Maduro, los cambios necesarios para evitar que se siguieran presentando este tipo de situaciones porque esta frontera es para la gente, no para las mafias.
A esto, el gobernador, Freddy Bernal, respondió que el problema radicaba en que Colombia no ha tenido el control en sus fronteras. Sin embargo, ya desde agosto de 2021, siendo diputado, había reconocido el matraqueo, señalando que hablaría con los generales para eliminarlo y llamó a la ciudadanía a denunciar.
Dele los pesos o dólares, pero tome nota y denúncielos. Los metemos presos y sometemos al escarnio público, señaló.
Sin embargo, hasta el simple hecho de tomar fotografías o grabar los procedimientos en puntos de control —a fin de registrar cualquier irregularidad—, puede ser una verdadera odisea, pese a ser un acto público y estar avalado por una resolución conjunta de los ministerios de la Defensa y Relaciones Interiores, Justicia y Paz, publicada en Gaceta el pasado 07 de septiembre de 2022.
Este hecho fue constatado por el equipo periodístico de La Prensa Táchira en el puente internacional Simón Bolívar, donde funcionarios policiales revisaron todo el material fotográfico y de video para eliminar cualquier imagen de funcionarios en el mismo.
Elizabeth Montoya – La Prensa Táchira
