El texto del anteproyecto le será entregado al Consejo Constitucional recién electo para que inicie su trabajo.
A partir de mañana martes y hasta su total despacho esta semana, la Comisión de Expertos que redacta el anteproyecto constitucional en Chile votará en particular el articulado de este documento que será la base del trabajo del Consejo Constitucional (CC) recién electo.
Tras intensas negociaciones, después de que el pasado 7 de mayo la oposición se hiciera con todos los quórums en el CC para definir el texto, los 24 expertos que representan a todas las fuerzas políticas en esta instancia lograron aunar gran parte de su contenido en el trabajo de subcomisiones.
El documento final, que se hace cargos de las 12 Bases Constitucionales establecidas como marco de este proceso por el Congreso, será entregado el próximo 7 de junio al CC cuando se instale. Este deberá entregar la segunda propuesta constitucional al país el 7 de noviembre para que sea plebiscitada el 17 de diciembre.
La sorpresiva ola republicana que consiguió elegir 23 de los 51 miembros del CC y que junto a Chile Vamos suman 34, hizo temer que la Comisión de Expertos fracasara en su cometido, pero algunos de sus integrantes aseguran que ello destrabó varias materias, pues se privilegió entregar un anteproyecto que deje conforme a derechas e izquierdas.
La propuesta se aleja totalmente del texto elaborado en 2022 por la Convención Constitucional considerada maximalista, refundacional e identitaria hasta por el presidente Gabriel Boric.
Algunos expertos han asegurado que se buscó crear una carta magna de mínimos para no plasmar en ella ninguna ideología o programa de gobierno y dejar al Congreso la definición de las materias a través de la ley.
El anteproyecto consagra que «Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas», lo que deja entrever que no se abandona del todo el papel subsidiario del Estado.
Declara a Chile un país unitario e indivisible, reconoce a los pueblos indígenas y se compromete a respetar y promover su cultura, descartando así la plurinacionalidad. Asimismo, establece el derecho a la vida sin hacer mención del derecho a la interrupción del embarazo, dejando esto al legislador.
A diferencia del texto que fue rechazado en septiembre de 2022 por un 62% de los ciudadanos, en este se mantiene el régimen presidencial, el Congreso bicameral y el Poder Judicial, aunque se introducen varias modificaciones.
El mandatario mantiene la facultad exclusiva en proyectos de ley que eroguen gasto fiscal, pero se le restan las atribuciones como fijar la agenda legislativa y solo se le permite priorizar tres iniciativas legales al año.
En el Poder Judicial se reforma el sistema de administración del mismo, entregándole esas funciones a un órgano distinto y modificando radicalmente el sistema de nombramiento de jueces. Además, se crea la Defensoría de las Victimas que actuará en paralelo con el Ministerio Público o fiscalía.
También se propone modificar el Tribunal Constitucional, estableciendo nuevos requisitos para ser designado uno de sus 9 integrantes y se le quita la facultad de control preventivo de la ley.
Una de las reformas más importantes que introduce la Comisión de Expertos es al sistema político, cuya fragmentación explica el descredito del legislativo ante la ciudadanía.
Se reponen las órdenes de partido (eliminadas en la Constitución de 1980), con excepción de los temas que tengan que ver con la conciencia del parlamentario, y se establece que aquel que renuncie o sea expulsado de su partido perderá su cargo en el Congreso pues este pertenece a la colectividad que lo postuló.
También se fija un umbral del 5% de la votación nacional u 8 diputados electos para alcanzar representación en el Poder Legislativo, pero debido a que esto ha generado mucho ruido entre los dirigentes políticos se estableció una norma transitoria que señala que en la próxima elección parlamentaria deberán alcanzar el umbral del 4% o cuatro diputados electos.
En la elección del CC solo cinco partidos superaron el umbral del 5% (los opositores republicanos, UDI y RN y los oficialistas PS y PC) lo que derivaría en que las restantes 13 colectividades con representación parlamentaria estarían condenadas a su disolución.
Una de las materias más controvertidas tuvo que ver con la paridad, que el oficialismo exigía en la fórmula 50-50, pero finalmente, se estableció una norma transitoria del 60-40 de cualquier género a aplicar en las próximas dos elecciones parlamentarias.
Tampoco hubo acuerdo en establecer escaños reservados para los pueblos originarios, así que el anteproyecto no lo contendrá y quedará a resolución del CC.
Una de las novedades es que se establece, por primera vez, la iniciativa popular de ley y se consagra también la posibilidad de derogación de una norma mediante plebiscito ciudadano.
En cuanto al derecho a la propiedad privada, se establece que, ante una expropiación, el propietario tendrá derecho de indemnización por «el daño efectivamente causado», diferenciándose de la primera propuesta constitucional que hablaba de «un precio justo».
Se consagra el derecho a la seguridad social y a la vivienda que deberá ser garantizada y promovida por el Estado, respectivamente.
También se establece que «el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humanos» y se mantienen los cuatro tipos de estado de excepción (de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia) que en el texto de 2022 habían quedado relegados a casos de guerra y catástrofe.
EFE
