La Constitución de 1999, fue exhibida por sus promotores como un modelo inmejorable en relación a otras del Continente, se exaltaba en ese sentido, la creación de dos poderes más, junto a los tradicionales, ellos fueron el Poder Ciudadano y el Poder Electoral. Este último, de acuerdo al mencionado texto supremo, con las funciones de organizar, administrar, dirigir y vigilar, los procesos electorales, relativos a la elección de cargos de representación popular de los poderes públicos, lo cual incluye al de la Presidencia de la República y en general los poderes de la república, los estados y los municipios. Fue por eso que con entusiasmo se legisló sobre ese nuevo Poder y se dictó la Ley Orgánica del Poder Electoral en el año 2003, con el propósito de regular lo concerniente a su funcionamiento y así pudiera regirse con autonomía funcional, despartidización de los organismos electorales e imparcialidad.
Por supuesto que estos principios o normas legales se quedaron en la pura letra, ya que, en la práctica, siempre el ventajismo y el avasallamiento oficialista han estado presentes, al respecto no podemos olvidar los puntos rojos, la repartición de dádivas por los representantes del oficialismo o los programas de cedulación expres, tanto a nacionales como extranjeros, que permitían ejercer influencias sobre los resultados electorales; como autoritarismo disfrazado de democracia, han sabido captar datas a través de sus misiones o programas, para convertirlas en votos, para ello se han valido de la tecnología y por supuesto de la desunión opositora, pero lo más importante del CNE, a cuyo frente han puesto gracias a los diputados de la Asamblea Nacional, personas allegadas a su partido político, entre las cuales destaca el actual presidente de ese cuerpo legislativo nacional.
Ha sido costumbre del actual régimen de gobierno dominante, rotar en los altos cargos del Poder Público a sus más importantes dirigentes, fue así como este legislador aparece en estos largos 23 años de gobierno, como jefe de dos (2) poderes constitucionales, el electoral y el legislativo. Pues bien, nuevamente el mismo personaje, así como un buen día de septiembre de 2023, se le ocurrió convocar un referéndum consultivo sobre el Esequibo, no vinculante y sin ninguna trascendencia en cuanto a la solución de ese problema limítrofe, en los primeros días de febrero del año en curso, lanza un llamado a los partidos políticos que no forman parte de la Plataforma Unitaria, para que concurran los días 5 y 9 de febrero a la Asamblea Nacional, para diseñar el proyecto de cronograma electoral, para las elecciones presidenciales, que están siendo reclamadas por el país político, y que se nota claramente que el actual CNE no lo tiene diseñado.
Por supuesto que, el régimen se vale de su poder incontrolado y excesivo, de la experiencia del Presidente de la Asamblea Nacional, ex presidente del órgano rector electoral, para incursionar en sus funciones y convocar a sus conmilitantes y a los partidos políticos mencionados, a elaborar el ya mencionado proyecto de cronograma electoral, excluyendo a la plataforma unitaria, apuntando especialmente hacia la Ingeniero María Corina Machado, a quien recientemente le ratificaron una misteriosa inhabilitación y por ende que no pueda participar, en nada de lo que están haciendo, lo cual de por sí, constituye un gesto antidemocrático, habida cuenta que la mencionada dirigente cuenta con un porcentaje elevado de aceptación popular para ser elegida Presidente de la República, y la inhabilitación en la calle la gente la percibe ilegal y que el Presidente maduro se vale de la misma, para no contarse con ella.
De regreso al proyecto de cronograma electoral, que es lo que nos ocupa, cabe decir, que la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, fijó que expresamente que este orientador instrumento electoral sea publicado en la Gaceta Electoral que, emanará de los rectores del CNE, acompañando la convocatoria a elecciones; dicho organismo además, deberá estar compuesto de acuerdo a la Constitución, por personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos y en las reuniones convocadas a la Asamblea Nacional por su Presidente, hay un nutrido grupo de partidos políticos, desdiciendo a nuestra carta magna, y lo que es más delicado, sin tomar en cuenta los derechos de las personas que han levantado con razón su voz, para exigir que ese cronograma electoral lo haga la autoridad electoral competente, por tenerlo atribuido expresamente en nuestra arquitectura constitucional y porque no puede renunciar a sus competencias o funciones.
Por último, los afectados con esta usurpación de funciones, tendrán que resolver con prontitud, cuáles serán sus próximos pasos, pues lo más seguro es que todos los participantes en esta anomalía constitucional de imponer el cronograma electoral, hundan el pie en el acelerador, para dejar atrás la amenaza que significa a los intereses gobierneros, la candidatura presidencial del ingeniero Machado Prisca; sin embargo, ella y su equipo de campaña deberán estar atentos a los actos, procedimientos, lapsos y otras actuaciones que puedan realizar individual o colectivamente, la AN con el CNE, habida cuenta que el principio de separación de poderes desde hace tiempo está conculcado en Venezuela y se hará lo que diga el expresidente del CNE, quien prevalido de su alta posición política, asume las riendas de un proceso presidencial, como lo hizo con el anterior presidente de la república.
