Más y peor. Tres años después de la trascendental rebelión popular que cambió Cuba, la revolución castrista ha multiplicado y profundizado la persecución y el hostigamiento no sólo contra los opositores, activistas o periodistas independientes. Su principal objetivo son los ciudadanos que muestran su inconformidad y se manifiestan ante el deterioro indetenible de sus vidas. Protestas en Cuba 2021.
«El 11 de julio de 2021 la gente marchó por los constantes apagones. Tres años después, la situación sigue igual o peor«, escribió el lunes pasado, en un pedazo de tela, Dunia Medina para recordar la sublevación social más importante en 65 años de una revolución dispuesta a no jubilarse pese a su estado de ruina. En el 11-J, los gritos de libertad y de patria y vida se unieron a las desgarradoras proclamas de quienes han perdido la fe en la revolución que bendijeron sus abuelos y que sus padres sufrieron.
«Cientos de miles de cubanos se lanzaron a las calles gracias a la magia de la interconexión de Internet y rompieron uno de los grandes mitos construidos por la propaganda: el de la estabilidad y satisfacción conformista del pueblo con el sistema. Y ese rompecabezas no han podido recomponerlo. El mundo lo vio asombrado porque antes parecía ser que el pueblo estaba conforme y que la oposición estaba reducida a unos pocos miles de la sociedad civil independiente. La realidad es que se trata de una disidencia de millones de personas, que cuestionan el statu quo en el que viven», profundizó para EL MUNDO Juan Antonio Blanco, presidente del laboratorio de ideas Cuba Siglo 21.
En la actualidad, según las investigaciones de Prisoners Defenders (PD), son 1.117 los presos políticos recluidos en las cárceles del régimen, lo que sitúa a Cuba al frente de las tres dictaduras de las Américas. Le sigue Venezuela, que contabiliza 287 prisioneros por motivos políticos, y Nicaragua, con 141.
De los 1.117 cubanos presos, 813 son los vinculados con el 11-J, cuando antes de ese día los presos políticos eran 150. En el último año, un disidente ha entrado en prisión cada dos días. Una parte también ha cumplido condena: desde el levantamiento popular, PD ha confirmado que 1.728 personas han pasado por las mazmorras revolucionarias.
Cientos y cientos de ciudadanos de a pie y un importante grupo de reconocidos luchadores, como el artista Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, detenido ese día antes de llegar a la protesta en el Malecón habanero; José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) o el activista político Félix Navarro.
«Este paso dado por estos auténticos mártires algún día se recordará como el paso definitivo para lograr la democratización de Cuba», concretó para EL MUNDO Javier Larrondo, presidente de PD.
«La dictadura ha querido matar a mi marido José Daniel Ferrer no sólo porque ha sido la piedra en su zapato, también por ser la punta de la lanza que siempre les ha tenido a ellos arrinconados. Y por eso quieren desaparecerlo. Gracias al apoyo (de dentro y fuera de la isla) no le han asesinado», denunció ayer su mujer, Nelva Ortega, a través de un audio al que tuvo acceso este periódico.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ha lanzado una campaña internacional ante el grave peligro que corre la vida de Ferrer, que sufre un acoso muy parecido al que acabó con el opositor ruso Alexei Navalni. Su familia no ha podido visitarle ni hablar con él desde hace tres meses como represalia por denuncias previas.
El OCDH también ha alertado sobre la trama urdida por el régimen para condenar a manifestantes, aireada por la jueza Melody González, quien aprovechó un parole humanitario (permiso de entrada) de EEUU para viajar al norte. González pormenorizó cómo agentes del Estado y funcionarios de la justicia castrista en Villa Clara la forzaron a mantener la prisión provisional contra Andy González, Adain Barreiro, Eddy Daniel Rodríguez y Luis Ernesto Medina.
Presos en las cárceles y también fuera de ellas, atrapados en una crisis multisistema que como mínimo iguala los peores episodios del Periodo Especial. Quienes se atreven a detallarlo, como el famoso youtuber Yoandi Montiel, conocido como El gato de Cuba, también son castigados con prisión, dos años en su caso. «Lo más sencillo que hay es que tú tengas que mamártela (aguantarla). Qué clase de abuso, ya es demasiado. No aprieten más», se quejó el youtuber entre apagones.
Otros que decidieron dar a conocer las protestas que se suceden en el interior también han sufrido la crueldad revolucionaria: Mayelín Rodríguez, La Chamaca, de 23 años y madre de una niña, fue condenada a 15 años de cárcel por transmitir una protesta con su móvil.
«El gobierno no ha metabolizado lo sucedido, no acaba de entender que no puede sostenerse en el poder sobre bayonetas. La represión puede resolver el problema de forma momentánea, pero eso no le otorga gobernabilidad a largo plazo. Esa no es la vía para ganar la gobernabilidad», sentenció Blanco.
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