Un grupo de destacados sindicalistas venezolanos, encabezados por Iván Freites, presentó una demanda ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida contra José Vicente Carrasquero, Orlando Viera-Blanco y otros individuos. La acción legal, que asciende a más de cinco millones de dólares, acusa a los demandados de participar en un esquema de corrupción y abuso de fondos destinados a PDVSA ad hoc mediante contratos fraudulentos bajo la excusa de hacer “lobby” en Estados Unidos.
La demanda también incluye a figuras como Guillermo Zárraga, líder sindical de *Vente Venezuela* en Falcón y activista encarcelado durante cuatro años bajo el régimen de Nicolás Maduro. Zárraga, conocido por su incansable lucha por los derechos laborales, figura entre los demandantes, destacando la importancia de la acción legal para los trabajadores perseguidos en Venezuela. Asimismo, Eladio Mata, secretario general del Sindicato de Trabajadores y Obreros de la Alcaldía Metropolitana, quien fue atacado por sicarios vinculados a PDVSA y casi perdió la vida, se ha sumado a la denuncia. Estos casos refuerzan las acusaciones contra los demandados, a quienes se señala de acoso sistemático contra líderes sindicales mediante campañas de difamación y sabotaje a sus esfuerzos de justicia.
Según el documento de la demanda, los acusados habrían gestionado contratos otorgados por Horacio Medina, presidente de PDVSA ad hoc, a empresas de maletín recién constituidas en las que se alega que Carrasquero mantiene intereses financieros. Los demandantes argumentan que estos contratos se emplearon no únicamente para financiar actividades de lobby político en nombre del gobierno interino venezolano, sino para realizar campañas en contra de trabajadores venezolanos y sabotear los juicios que llevan adelante los trabajadores para lograr una justa indemnización por la violación a sus derechos humanos. Se detalla que, además de Viera-Blanco y Carrasquero, el proceso judicial incluye a Gustavo Lainette y a varias personas no identificadas conocidas como “John Does”, quienes, según la demanda, colaboraron en una campaña de difamación y acoso hacia los sindicalistas a través de redes sociales.
La acusación sostiene que estos individuos crearon un esquema organizado, en violación de la ley RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act), para desviar recursos de PDVSA ad hoc a empresas ficticias o recién constituidas. Este dinero habría sido utilizado para favorecer a figuras políticas cercanas a la Asamblea Nacional de 2015 y para difamar a líderes sindicales que han denunciado irregularidades dentro de PDVSA ad hoc y PDVSA La Campiña. En la demanda se alega que los acusados han afectado gravemente la reputación y seguridad de los sindicalistas, obligando a muchos de ellos a poner en riesgo sus trabajos en el exilio y a enfrentarse a amenazas personales.
Iván Freites, uno de los líderes del sindicato petrolero y representante de los trabajadores, señaló que esta demanda es un intento por hacer justicia y exponer la corrupción que, según él, ha permeado la administración de PDVSA ad hoc. “Es inaceptable que los fondos de nuestra industria se usen para enriquecer a unos pocos a través de redes de corrupción mientras los trabajadores venezolanos siguen siendo marginados y perseguidos”, afirmó Freites.
Cabe destacar que el demandado José Vicente Carrasquero ya ha recibido notificación formal de la demanda y, conforme a los procedimientos judiciales, deberá responder ante la Corte en un plazo máximo de 21 días. Esta celeridad subraya la importancia del caso y coloca a los acusados en el centro de un proceso que promete escrutinio judicial exhaustivo.
Los demandantes también exigen compensaciones por el daño emocional y psicológico sufrido, además de una indemnización por la pérdida de ingresos y el daño a su reputación profesional. Asimismo, solicitan al tribunal que imponga sanciones a los acusados, incluyendo una orden de retractación pública y la eliminación de los mensajes difamatorios en redes sociales, así como una medida que prohíba a los acusados divulgar información confidencial sobre los sindicalistas.
Esta demanda marca un nuevo capítulo en la lucha de los trabajadores venezolanos por recuperar el control y la transparencia en PDVSA. Los sindicalistas han expresado su esperanza de que el sistema de justicia de Estados Unidos investigue a fondo las acusaciones y responsabilice a aquellos que presuntamente han abusado de sus posiciones de poder para beneficio personal.
Nota de prensa
