Carmen Rodríguez López archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Escribía el corresponsal Julio Camba en diciembre de 1908 desde Constantinopla: “Hay un país donde tiene realidad efectiva el sufragio universal: Turquía”. Tras la Revolución de los Jóvenes Turcos, el Imperio Otomano se lanzaba con entusiasmo inusitado a celebrar unas elecciones donde, como relataba el escritor, “a pesar del frío de la lluvia y de la nieve, los manifestantes van a pie o en coche descubiertos, que en el Oriente un Parlamento bien vale algunas pulmonías”. Ya se temía, sin embargo, el autor que “la Constitución durará: pero la libertad no”. Esta tensión entre libertades, democracia y pulsos autoritarios no solo jalonó los últimos años del imperio, sino la historia de la República de Turquía, proclamada el 29 de octubre de 1923, en la que 100 años después, a pesar de todo, la celebración de comicios se manifiesta como una fuerza tectónica de primer orden en el sistema político. Muestra de ello es que las elecciones generales y presidenciales de este año en Turquía no solo han abierto la puerta a un cambio de gobierno, sino que en ellas también se ha dirimido la posibilidad de un cambio de régimen. Más de 20 años del AKP en el gobierno La fuerza política del actual presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) ha gobernado el país desde 2002. Desde entonces, muchas cosas han cambiado en este país del Mediterráneo oriental, en el ámbito político, social y económico. El AKP soslayó sus orígenes islamistas al llegar al poder y se definió como un partido demócrata-conservador que, potenciando la estela del gobierno tripartito precedente, logró en 2005 la apertura de las negociaciones para la adhesión de Turquía a la Unión Europea. Fueron años de notable crecimiento económico y un activo papel en la esfera internacional, impulsado con herramientas de poder blando. En el cambio de década se produjeron, sin embargo, importantes transformaciones en política interior y exterior. Tras el estallido de la primavera árabe en 2011 y las protestas del parque Gezi de 2013 contra el gobierno el país se encaminó hacia un progresivo cambio de régimen y a un giro en su política exterior, marcado por el creciente recurso al poder duro, la toma de postura en los conflictos regionales –frente al papel de mediación desempeñado en ocasiones anteriores– y un creciente discurso antioccidental. Todos estos cambios se intensificaron tras el intento de golpe de Estado de julio de 2016. Junto a las purgas que llevaron a miles de personas a prisión y la implementación del Estado de emergencia durante dos años, Erdogan abogó por un profundo cambio constitucional que transformaría el sistema semipresidencialista, nacido con el referéndum de 2007, en uno presidencialista que otorgó todos los poderes ejecutivos al presidente e incrementó sus competencias legislativas y su influencia sobre la judicatura. El régimen resultante ha sido calificado en la literatura académica de los últimos años como de “autoritarismo competitivo”, especialmente a partir de 2016, cuando la oposición se enfrentó a una competición electoral desigual frente a una élite dirigente que ha diluido los mecanismos constitucionales que salvaguardaban el equilibrio de poderes, ha erosionado el imperio de la ley, ha limitado notablemente el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, ha dispuesto de los recursos estatales para desarrollar redes clientelares y ha reprimido las voces críticas tanto en el ámbito mediático como en el político. El AKP ha dejado una marcada impronta en sus más de 20 años de gobierno, también, en el sistema económico. Como ha señalado Murat Somer, junto a la implementación de políticas neoliberales, el gobierno de Erdogan ha desarrollado un sistema de políticas sociales canalizado, de manera formal e informal en modo creciente, no ya por instituciones estatales sino por organizaciones religiosas, por fundaciones o personalidades políticas afines al AKP, lo que ha diluido el concepto de derechos sociales asociado al de ciudadanía y ha fomentado el clientelismo y el favoritismo. Todo ello ha potenciado el papel del partido y del gobierno ante sus votantes como actores indispensables para su bienestar económico y social. En estas dos décadas, señala Murat, se ha producido un proceso de privatización de activos y terrenos públicos de enorme magnitud que ha contribuido a originar una élite económica en torno al poder, donde la construcción y los grandes proyectos, si bien han tenido un lugar privilegiado, no han sido los únicos ámbitos beneficiados. Cabría destacar otros sectores como el energético o la industria militar, que han experimentado un desarrollo exponencial en los últimos años. Un último apunte de Somer destaca la transformación operada en los medios de comunicación, donde, junto a las presiones económicas y judiciales experimentadas por las voces más críticas, se ha desarrollado todo un aparato mediático público y privado progubernamental que controla los principales canales informativos. A ello se suma el uso de la censura, el bloqueo de las redes sociales y el despliegue de páginas web y discursos simpatizantes con el gobierno a través de cuentas afines. En este giro autoritario, la élite dirigente ha logrado cooptar al Partido del Movimiento Nacionalista (MHP) que hasta 2015 se había situado en la oposición. Caracterizado habitualmente como partido de extrema derecha por su oposición al multiculturalismo y sus posiciones xenófobas y, en ocasiones, racistas, el partido de Devlet Bahçeli ha contribuido al viraje nacionalista del AKP, lo que se ha hecho sentir, muy especialmente, en el enfoque hacia la cuestión kurda. Tras el fin del proceso de paz iniciado en 2012 con el líder del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK), Abdalá Ocalan, más de una decena de diputados del prokurdo Partido Democrático de los Pueblos (HDP) ha sido encarcelada. De hecho, los antiguos colíderes del partido, Selahattin Demirtaş y Figen Yüksekdag, se encuentran en prisión desde noviembre de 2016. A pesar de la sentencia de un tribunal turco y de las dos condenas firmes del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que han solicitado la puesta en libertad de Demirtaş –un fallo que también podría haber afectado a la detención preventiva de Yuksekdag–, los antiguos dirigentes del HDP siguen en prisión acusados de nuevos cargos. Miles de miembros o simpatizantes del HDP han sido detenidos. Entre julio de 2016 y marzo de 2019, 94 alcaldes de las regiones orientales y surorientales del país, de mayoría kurda, fueron destituidos y sustituidos por funcionarios nombrados por el gobierno y acusados en procesos judiciales iniciados en virtud de leyes antiterroristas. A su vez, tras las elecciones locales de marzo de 2019, la Comisión Europea señalaba en su informe sobre Turquía de 2022 que 48 alcaldes electos del HDP habían sido sustituidos por síndicos nombrados por el Estado y otros seis alcaldes reemplazados por miembros del AKP. En abril de 2022, ocho alcaldes del HDP permanecían en prisión. Sobre el HDP pende, a su vez, la amenaza de ilegalización, de ahí que en las elecciones de 2023 se presentara con un nuevo nombre, el Partido de la Izquierda Verde (YSP), aunque con un logo muy similar al anterior, que no deja duda sobre la continuidad de la formación política, a pesar del cambio de siglas. Si bien la alianza política con el MHP, con el que el AKP acudió a las elecciones de 2018 y de nuevo a las de este año, ha motivado este acercamiento militarizado y represivo hacia la cuestión kurda, es interesante resaltar que las declaraciones del MHP contra la acogida de refugiados o inmigrantes, sobre todo provenientes de Siria, se haya amortiguado de forma notable en los últimos años, alineándose así, aunque sea tácitamente, con la política del AKP en el gobierno. La política de acogida del AKP destacó en los primeros años de la guerra de Siria por su carácter humanitario, en contraste con el cierre de fronteras defendido por otros países europeos. Esta cuestión, sin embargo, acabaría siendo instrumentalizada en sus relaciones con la UE, que han adoptado un tinte meramente transaccional en torno al Acuerdo Migratorio entre Turquía y los Estados miembros de la Unión, firmado en marzo de 2016, y a cuestiones económicas y de seguridad. El creciente descontento contra los millones de refugiados utilizado por partidos de la oposición para atacar al gobierno ha provocado que el AKP ya introdujera medidas de retorno voluntario y deportaciones en el programa electoral de las elecciones generales de 2018. El mosaico turco Las elecciones presidenciales y parlamentarias del 14 de mayo daban la oportunidad a los electores de elegir presidente entre cuatro candidatos y de conformar la próxima mayoría de la Gran Asamblea Nacional Turca escogiendo entre 24 partidos diferentes, algunos de ellos organizados en alianzas electorales. Junto a sus socios ultranacionalistas, el AKP ha tratado de fortalecer su base electoral con partidos islamistas, como ha quedado patente en la Alianza Popular, a la que, junto al MHP, se han sumado la formación nacionalista y religiosa del Partido de la Gran Unión (BBP) y el Nuevo Partido del Bienestar (YRP). Los cuatro partidos de la alianza han concurrido a las elecciones con sus propias siglas. Sin embargo, el Partido de la Causa de la Libertad (Hüda-Par), que también apoya la Alianza Popular, anunció que se presentaría a las elecciones integrado en las listas del AKP. Esta alianza constata el reforzamiento del carácter nacionalista y religioso de la élite dirigente, proceso intensificado de manera drástica en los últimos años y que ha quedado patente en decisiones previas de gran calado y simbolismo, como la conversión de Santa Sofía en mezquita en 2020 o la retirada de Turquía del Convenio de Estambul para la prevención de la violencia contra las mujeres en 2021. Las demandas feministas han sido una de las claras damnificadas por este devenir, de modo que las políticas y declaraciones antifeministas se han convertido en uno de los ingredientes que conforman la guerra cultural de parte de la élite dirigente contra la oposición. Por su parte, destacan en este espectro político dos alianzas electorales: la Alianza Nacional y la Alianza del Trabajo y la Libertad. Si bien se ha producido una notable fragmentación del sistema de partidos en los últimos años, la existencia de una competencia bipolar entre gobierno y oposición, en la que está en cuestión el tipo de régimen, ha favorecido la tendencia a la unidad. En la primera nos encontramos con la primera fuerza de oposición, el partido Republicano del Pueblo (CHP), y otras cinco formaciones con las que ha lanzado la conocida Mesa de los Seis. En esta Alianza destaca el Partido Bueno (İyi Parti), liderado por una mujer, Meral Akşener –escindido del MHP– y dos partidos divididos, a su vez, del AKP: uno dirigido por el anterior ministro de Asuntos Exteriores y primer ministro, Ahmet Davutoglu, el Partido del Futuro (GP), y el Partido de la Democracia y del Progreso (DEVA Partisi), dirigido por el exministro de Economía, Ali Babacan. Las dos formaciones políticas restantes son el partido islamista de la Felicidad (SP) y el Partido Demócrata (DP). Este grupo ha apoyado a un único candidato a la presidencia, Kemal Kiliçdaroglu, líder del CHP. Si bien esta alianza electoral ha conseguido sortear el cleavage secular-religioso, el cleavage nacionalismo turco-nacionalismo kurdo ha dado lugar a una tercera alianza que cuenta con el mencionado YSP –sucesor del partido prokurdo, HDP– el Partido de los Trabajadores de Turquía (TİP) y el Partido Laborista (EMEP), como integrantes de la Alianza del Trabajo y de la Libertad. La alianza ha pedido el voto también para Kiliçdaroglu, lo que supone un apoyo fundamental, ya que las encuestas lo han situado como serio rival para Erdogan. La Alianza Ancestral –conformada por un conglomerado de partidos de derecha nacionalista, el Partido de la Victoria (Zafer P), el Partido de la Justicia (AP), el Partido de mi País (ÜP) y el Partido de la Alianza de Turquía (TIP)–, cuyas expectativas de voto eran considerablemente menores, ha presentado su propio candidato a la presidencia, Sinan Ogan, a quien se le suma un cuarto contendiente, Müharrem İnce, por el Partido de la Patria (MP), previo candidato del CHP en las elecciones presidenciales de 2018, partido con el que rompió para establecer su propia formación política. Si bien no tendría opciones para ganar la presidencia, según las encuestas, İnce podría favorecer la celebración de una segunda vuelta electoral al restarle votos al principal candidato de la oposición, Kiliçdaroglu, y laminar sus posibilidades de ganar en la primera vuelta. En este contexto de elevada fragmentación partidista destaca el esfuerzo de los principales partidos de la oposición para sortear sus grandes diferencias ideológicas y formar un frente unido contra la alianza de la élite dirigente. Esta competencia bipolar propone una alternativa no solo de gobierno, sino también de régimen, con el regreso a un sistema parlamentario, el restablecimiento del equilibrio de poderes y el respeto a los derechos y libertades individuales. Así lo ha consensuado la Mesa de los Seis, en cuyo manifiesto conjunto se preveía devolver a la figura presidencial su carácter neutral, por encima de los partidos. De manera simbólica, este bloque ha propuesto también convertir el actual palacio presidencial de más de 1.000 habitaciones en un museo y Erdogan volvería, así, a residir en su tradicional residencia en Çankaya. Junto a las propuestas políticas, la oposición cuenta con una importante baza electoral en el preocupante contexto económico actual, marcado por una elevada tasa de inflación y la depreciación de la lira turca. Según el Instituto de Estadística de Turquía (TÜİK), la inflación anual habría alcanzado el 50,51% en marzo de 2023, mientras que el grupo de investigación independiente ENAG sitúa la cifra en el 112,51% para esas mismas fechas. La Mesa de los Seis aboga por dar una mayor autonomía a piezas claves del sistema económico como el Banco Central, que en los últimos años ha implementado la visión económica de Erdogan, favorable a bajar los tipos de interés, a pesar del negativo impacto inflacionario de esta medida, así como dotar de mayor transparencia y objetividad a la contratación pública y poner especial atención a las políticas sociales, que en el programa para los 100 primeros días de gobierno del CHP cuenta con un peso especial. En el ámbito de la política exterior, la Mesa de los Seis propone despersonalizarla y reforzar el papel del ministerio de Asuntos Exteriores. La oposición ha abogado por reconducir en sentido positivo las relaciones con la UE, regenerando el objetivo de la plena adhesión, y con Estados Unidos, con el que se pretende “institucionalizar las relaciones (…) de igual a igual y establecer una relación de alianza basada en la confianza mutua”. Asimismo, se propone fortalecer el papel de Turquía en la OTAN, en línea con los intereses nacionales, y mejorar la proyección internacional a través de la expansión de derechos y libertades fundamentales. En relación a esta cuestión, la oposición ha propuesto un plan de retorno en dos años para los millones de refugiados en suelo turco, que implique un acuerdo con el gobierno sirio. En cuanto a las relaciones con Rusia, si bien se valora como socio ineludible con el que se comparten importantes intereses económicos y de seguridad, se ha planteado una política más equilibrada que no erosione las relaciones con terceros países. Aparte de las promesas electorales, puede que lo más llamativo del principal bloque opositor sea el tono conciliador y cercano con el que se dirige a los electores de manera directa (algunos de los vídeos más importantes y virales de Kiliçdaroglu se han grabado en su cocina), evitando una confrontación directa con el presidente, alejándose de los discursos identitarios que han polarizado a la sociedad turca en los últimos años, y de los discursos agresivos. La oposición, en consecuencia, ha desarrollado una serie de estrategias que han sido y están siendo objeto de análisis en contextos de desmantelamiento democrático donde se aspira a poner en marcha alternativas de regeneración política. El éxito conseguido por el CHP en la alcaldía de Estambul en las elecciones de 2019 con el apoyo formal e informal de otros partidos es una muestra de ello. Otro asunto por el que la oposición ha mostrado una notable preocupación es la seguridad en el proceso electoral, así como por el control y seguimiento de las papeletas hasta su recuento final. A ello hay que sumar los problemas de inscripción en el censo de votantes que ha generado el desplazamiento de cientos de miles de personas tras el terremoto que asoló 11 provincias del este de Turquía en febrero de este año. Con todas estas cuestiones sobre la mesa, Turquía ha llegado a las elecciones del 14 de mayo con una oposición fuerte, unida y determinada que se enfrentaba a un gobierno deseoso de mantenerse en el poder. La gran incógnita es si el partido en el gobierno abandonaría de forma voluntaria el poder en caso de una victoria de la oposición. El ministro del Interior, Süleyman Soylu, había apuntado a un intento de golpe de Estado por parte de Occidente para el día de las elecciones. Los posibles escenarios arrojan significativos interrogantes: ¿Aceptarán la derrota los círculos de poder más autoritarios? Si la oposición ganara, ¿será capaz de mantenerse unida para establecer un nuevo marco democrático? ¿Podría la oposición convivir con un sector político y social que la deslegitime? ¿Será posible acordar un nuevo espacio de convivencia tras años de polarización social e inflamadas batallas culturales? Todas estas cuestiones son de gran relevancia. Inspirándonos en Julio Camba, podríamos decir que si hay un país donde las elecciones tienen una trascendencia “efectiva”, ese es Turquía en 2023. Profesora de Estudios Turcos Contemporáneos del departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales de la Universidad Autónoma de Madrid.

Carmen Rodríguez López

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