Ignacio Álvarez-Ossorio archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Trece meses después del ataque del 7 de octubre de 2023 que provocó la muerte de 1.200 personas y el secuestro de 240 rehenes, la Franja de Gaza ha quedado reducida a escombros y, al menos, 43.500 de sus habitantes han muerto y otros 105.000 han resultado heridos como resultado de los ataques indiscriminados perpetrados por el ejército israelí. Se trata de la cifra más elevada de muertos en la historia del conflicto palestino-israelí y triplican el número de víctimas de la Nakba de 1948, lo que guarda una estrecha relación con la aplicación de la Doctrina Dahiye, planteada en 2006 por Gadi Eisenkot, el entonces jefe del Estado Mayor israelí, con el objeto de, según sus propias palabras, “aplicar una fuerza desproporcionada y causar grandes daños y destrucción sin distinguir entre aldeas civiles y bases militares”. Aunque en los últimos meses se han registrado diversos debates en torno al día después de la guerra, todavía parece pronto para determinar quién detentará la autoridad en la Franja de Gaza, si el enclave palestino podrá reconstruirse o si el ejército israelí permanecerá indefinidamente sobre parte de su territorio para facilitar su colonización. El primer ministro Benjamin Netanyahu ha lanzado mensajes contradictorios, ya que ha señalado que “Israel no tiene intención de ocupar permanentemente Gaza ni de desplazar a su población civil”, pero también ha advertido: “No estoy dispuesto a cambiar un Hamastán por un Fatahland”, de tal manera que parece descartar tanto el retorno a la situación previa al 7 de octubre como la vuelta de la Autoridad Palestina. Durante este último año, Netanyahu no se ha cansado de repetir que Israel está librando su segunda guerra de independencia, lo que pone de manifiesto que pretende aprovechar la coyuntura actual para establecer una nueva realidad sobre el terreno basada en la ampliación de las fronteras y el desplazamiento masivo de la población. Por el momento, el ejército israelí ha dividido en dos la Franja de Gaza con la creación del corredor Netzarim y ha expulsado a buena parte de la población de Beit Lahia, Beit Hanun, Jabalia y Ciudad de Gaza en aplicación del Plan de los Generales, que contempla un férreo asedio sobre dichas ciudades que impida la entrada de agua, alimentos y medicinas. Como verbalizara Uzi Rabi, director del Moshe Dayan Center de la Universidad de Tel Aviv: “Desplacen toda la población civil del norte; quienes se queden serán considerados legalmente como terroristas y sometidos a un proceso de inanición o exterminio”. De lo anteriormente dicho cabe deducir que debe descartarse que Hamás pueda recuperar el control de Gaza, ya que ni Israel ni tampoco Estados Unidos lo permitirán. Trece meses después del fatídico 7 de octubre, Hamás atraviesa su mayor crisis existencial, ya que su brazo militar ha quedado completamente diezmado y su ala política ha sido descabezada. El 2 de enero de 2024 Saleh Aruri, número dos de la organización, fue asesinado en el barrio de Dahiye en Beirut. El 13 de julio le llegó el turno a Mohammed Deif, líder de las Brigadas de Izz al-Din al-Qassam en Gaza, asesinato que fue seguido del de Ismail Haniye, máximo responsable de la Oficina Política, cuando asistía el 31 de julio a la toma de posesión del presidente Masoud Pezeshkian en Teherán. Finalmente, Yahya Sinyar, considerado el cerebro de los ataques del 7 de octubre, fue eliminado el 16 de octubre en Rafah. Hamás, sin responsable Tras esta serie de asesinatos, el Consejo de la Shura de Hamás ha sido incapaz de designar a un nuevo responsable de su Oficina Política o, quizás, ha optado por dejar el puesto vacante para evitar situarlo en la diana. Entre los posibles recambios figuran Khaled Mashal y Khalil al-Hayya. Mashal ya dirigió la Oficina Política entre 1996 y 2017 y es considerado un líder pragmático que impulsó el Documento Político de 2017 en el que la organización islamista planteó la aceptación de un Estado palestino sobre Cisjordania y Gaza con capital en Jerusalén Este, tal y como había hecho la Organización para la Liberación de Palestina en la Declaración de Argel de 1988. Hayya, por su parte, proviene de Gaza y era cercano a Sinwar, por lo que es considerado líder del sector duro de la organización y un próximo a Irán que continúa siendo el principal aliado estratégico del movimiento de resistencia islámico. Sea como fuere, el futuro responsable de Hamás deberá hacer una autocrítica de los ataques del 7 de octubre y de los elevados costes que ha implicado para la causa palestina. No cabe duda de que la desaparición de sus principales dirigentes representa un golpe sin precedentes contra Hamás, que atraviesa su momento más crítico desde su creación en 1988. A pesar de que se suele resaltar la capacidad de resiliencia de la organización, que fue capaz de sobrevivir al asesinato de sus dos fundadores (Ahmad Yassin y Abdel Aziz al-Rantisi) en 2004, lo cierto es que su rama política ha quedado enormemente debilitada y su liderazgo militar ha sido descabezado frustrando la ambición de reemplazar a Fatah, que también se ha convertido en “un cadáver político” . A ello debe añadirse la creciente presión de los países árabes, que han ido cerrando las puertas a la organización, tal y como ocurrió en Jordania tras el intento de asesinato de Mashal en 2007, en Siria tras el apoyo de Hamás al levantamiento popular de 2011 y, ahora, en Qatar, que ha dado un ultimátum para que el liderazgo de la organización palestina abandone el país debido a las presiones de la administración norteamericana. Netanyahu pretende evitar el surgimiento de una autoridad capaz de gobernar la Franja de Gaza y acometer su reconstrucción. En un primer momento se mostró a favor de que una fuerza árabe asumiera la responsabilidad de garantizar la seguridad en dicho territorio, aunque no parece que los países interpelados (Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Marruecos) estén excesivamente interesados en gestionar la posguerra dada la magnitud de la destrucción y, mucho menos, que acepten convertirse en los carceleros de la traumatizada población palestina, que afronta una crisis humanitaria devastadora que la ilegalización de la UNRWA podría multiplicar. Tras desechar el retorno de la Autoridad Palestina y de Hamás a la Franja de Gaza, el gobierno israelí pretende que sean los propios clanes tribales quienes asuman la tarea de gestionar la caótica situación y distribuir la escasa ayuda humanitaria disponible. Como señalara un reportaje de The Guardian, “Gaza se enfrenta a un caos cada vez más profundo a medida que se desmoronan los últimos restos de orden civil, dejando un vacío cada vez más ocupado por bandas armadas, clanes, familias poderosas y delincuentes, que determinan quién recibe la ayuda humanitaria que tanto se necesita”, lo que le podría llevar a convertirse en la Mogadiscio del Mediterráneo. Líbano en la era post-Hezbolá Durante décadas, Irán ha proyectado su poder regional a través de una serie de actores no estatales entre los que se encontraban el Hezbolá libanés, el Hamás palestino o los hutíes yemeníes, a los que brindaba respaldo militar y económico a cambio de que defendiesen sus intereses en Oriente Medio. La reciente ofensiva militar israelí ha demostrado las limitaciones del Eje de la Resistencia y puesto en evidencia que Irán es un gigante con pies de barro, ya que su estrategia de “unidad de las arenas” ha tenido el efecto contrario al deseado. Tras los ataques del 7 de octubre, Hezbolá emprendió una “guerra de desgaste” con una serie de ataques contra el norte israelí que tenían como principal objetivo desviar la presión sobre Gaza y obligar a Israel a combatir en dos frentes al mismo tiempo. No sólo Hezbolá ha quedado seriamente debilitado como consecuencia de dicha apuesta, sino que también la credibilidad de su patrón iraní ha quedado severamente erosionada. Si bien es cierto que el régimen iraní ha cruzado una línea roja al bombardear en dos ocasiones –el 13 de abril la primera y el 1 de octubre la segunda– a su archienemigo israelí, lo cierto es que dichos ataques fueron respondidos con sendos contragolpes contra los sistemas de defensa antiaérea iraní. Hoy por hoy, el régimen iraní se enfrenta a un dilema existencial, ya que es plenamente consciente de que una eventual escalada con Israel podría tener más costes que beneficios, pero también le preocupa el cuestionamiento de su credibilidad por parte de sus aliados regionales. El hecho de que Teherán haya apostado, al menos por el momento, por la contención, evidencia que la máxima prioridad del régimen es garantizar su propia supervivencia en un contexto adverso, sobre todo tras la victoria electoral de Donald Trump, quien durante su primer mandato puso en marcha la doctrina de “máxima presión” contra el régimen iraní. La posición de Hezbolá, su principal ariete regional, ha quedado enormemente erosionada tras el asesinato de sus principales dirigentes políticos y militares. El 1 de octubre de 2024, el ejército israelí inició la invasión terrestre del sur libanés en lo que se anunció como “una operación limitada, localizada y selectiva” que, a mediados de noviembre, ya había provocado la muerte de más de 3.500 libaneses. El objetivo declarado por las autoridades israelíes no era otro que impedir el lanzamiento de cohetes hacia el norte del Estado hebreo para posibilitar el retorno de los 60.000 desplazados internos, así como expulsar a la milicia chií al norte del río Litani, tal y como estableció la resolución 1.701 del Consejo de Seguridad que puso fin a la guerra de 2006. En las semanas siguientes, más de un millón y medio de libaneses (el 25% de la población) se vieron obligados a abandonar sus hogares en el sur, la Beqaa y el barrio de Dahiye, zonas de mayoría chií, para huir de los ataques indiscriminados que, al igual que en Gaza, no diferencian entre objetivos civiles y militares. En los últimos meses, Israel ha lanzado diversas operaciones para acabar con el liderazgo de Hezbolá. Fuad Shukr, número dos de la organización, fue asesinado el 30 de julio y el 20 de septiembre le llegó el turno a Ibrahim Aqil, jefe de operaciones, cuando se reunía con una docena de comandantes de la unidad de élite Redwan en el barrio de Dahiye. El 17 de septiembre más de 3.000 milicianos resultaron heridos como consecuencia de la explosión de sus walkie-talkies en una operación coordinada por el Mossad que demostró su capacidad para burlar los férreos controles de seguridad de la milicia. El 27 de ese mismo mes destruyó por completo el cuartel general de Hezbolá asesinando al propio Hasán Nasrallah, su secretario general, junto a Abbas Nilforoushan, comandante de la Fuerza Al-Quds de la Guardia Revolucionaria iraní, y un número indeterminado de altos cargos de la organización. Finalmente, el 3 de octubre fue asesinado Hashem Safieddine, responsable del Consejo de Ejecutivo de Hezbolá y previsible recambio de Nasrallah. Como consecuencia de estas acciones, la cadena de mando de dicha organización ha quedado prácticamente descabezada y sus capacidades militares severamente limitadas. Las capacidades de Israel Netanyahu y el resto de su gobierno interpretan que el balance de fuerzas es plenamente favorable a Israel, que ha demostrado su capacidad para luchar en varios frentes al mismo tiempo. El ejército israelí parece estar siguiendo en Líbano el mismo guion que ya aplicó en Gaza. Yoav Gallant, ministro de Defensa (hasta noviembre de 2024), amenazó en reiteradas ocasiones con devolverlo “a la Edad de Piedra”, afirmando: “Lo que hemos hecho en Gaza, podemos hacerlo en Beirut”. Por su parte, Yoav Kisch, ministro de Educación, señaló que “no hay diferencia entre Hezbolá y Líbano” y que “Líbano será aniquilado: no existirá tal y como lo conocemos”. En realidad, no es la primera vez que Israel invade Líbano: ya lo hizo en 1982 para tratar de destruir a la OLP e instaurar un gobierno afín que se aviniera a firmar un tratado de paz. No sólo no consiguió sus objetivos, sino que, además, allanó el terreno para la irrupción de Hezbolá que, a partir de entonces, ganó un considerable protagonismo. La ocupación militar del sur libanés duró casi dos décadas y los últimos efectivos israelíes no se retiraron del país del cedro hasta 2000. En 2006, Israel lanzó una nueva ofensiva que provocó más de 1.100 víctimas y destruyó una parte importante de las infraestructuras civiles del país, pero no logró destruir a la milicia chií, que sigue gozando de importantes respaldos en la sociedad libanesa. En este punto es importante destacar las notables diferencias entre Hamás y Hezbolá. Este último es mucho más que una milicia armada y, en sus cuatro décadas de existencia, ha conseguido erigir un Estado dentro del Estado. Su presencia en el Parlamento es clave para garantizar la gobernabilidad de Líbano, ya que la formación forma parte de la Alianza del 8 de Marzo, que encabeza el cristiano Movimiento Patriótico Libre y en el que también intervienen el Movimiento Marada, el Partido Comunista Libanés, Amal y el Partido Social Nacionalista Sirio. Asimismo, sus redes caritativas prestan servicios esenciales para buena parte de la comunidad chií. Con su intervención en Líbano, Israel no sólo pretende neutralizar las capacidades militares de Hezbolá, sino que también aspira a influir en el devenir político del país mediante el establecimiento de un gobierno afín que desarme a la milicia chií. Debe recordarse que, en los dos últimos años, los actores políticos libaneses han sido incapaces de consensuar el nombre del futuro presidente de la república y el puesto permanece vacante desde que el 31 de octubre de 2022 venciese el mandato de Michel Aoun. Mientras la Alianza del 8 de Marzo apuesta por la candidatura de Suleiman Frangieh, líder del movimiento Marada, la prooccidental Alianza del 14 de Marzo respalda a Joseph Aoun, jefe del Estado Mayor, que es visto con buenos ojos por Estados Unidos e Israel. Ante la manifiesta debilidad de Hezbolá, el bloque prooccidental podría intentar aprovechar la situación para tratar de saldar las cuentas pendientes con el movimiento chií y forzar cambios en la estructura de poder del país. No son pocas las voces que acusan a dicho grupo de intimidar al resto de actores políticos y estar detrás del asesinato del ex primer ministro Rafiq Hariri en 2005 y la explosión del puerto de Beirut en 2020. De ahí que cada vez más voces reclamen la aplicación de la resolución 1.559 del Consejo de Seguridad que demanda el desarme de la milicia chií. De ahí que la máxima prioridad de Hezbolá sea alcanzar un alto el fuego que le permita ganar tiempo y recuperarse de las bajas sufridas en los últimos meses para, al menos, conservar su protagonismo político y sus redes clientelares, claves para garantizar su propia supervivencia a nivel doméstico y conservar el respaldo de su base social.

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