Riccardo Alcaro archivos - Emisora Costa del Sol 93.1 FM

Las protestas que han sacudido a la cúpula clerical de Irán en las últimas semanas, así como las noticias sobre la venta de drones y misiles de Irán a Rusia, plantean cuestiones a las que los responsables políticos de la UE y los analistas de política exterior llevan años enfrentados: ¿hasta qué punto es estable la República Islámica? ¿Cómo apoyar a los manifestantes? Y, ¿cómo conciliar la condena de la represión de los manifestantes y la necesidad de reaccionar ante el apoyo descubierto de Irán al esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania con los intereses de la UE en materia de seguridad regional y de no proliferación nuclear? A todas estas preguntas pendientes todavía no se les ha dado respuesta. Y, sin embargo, deberían darse, por muy insatisfactorias que sean, basándose en un análisis de las pruebas empíricas disponibles y de los intereses de la UE en juego. Las protestas Las protestas contra el gobierno han sido un hecho cada vez más frecuente en la historia reciente de la República Islámica de Irán. La aparente irregularidad en la reelección de un presidente conservador en junio de 2009 dio lugar a manifestaciones bajo la bandera del llamado Movimiento Verde. En 2012, la gente salió a la calle cuando el precio del pan aumentó en medio de las sanciones internacionales por los planes nucleares de Irán. En otoño de 2019, las protestas masivas siguieron a la decisión del gobierno de poner fin a los subsidios a los combustibles para hacer frente a las consecuencias de las renovadas sanciones estadounidenses después de que la administración Trump optara por abandonar unilateralmente el acuerdo nuclear de 2015. En todos los casos, la República Islámica consiguió sofocar las protestas, la mayoría de las veces mediante la violencia (especialmente en 2019). Sin embargo, el descontento de una población agotada nunca se apaciguó. De hecho, el resentimiento hacia el régimen clerical que ha estado en el poder desde que la revolución de 1979 puso fin al régimen despótico del sha proestadounidense ha sido una constante a lo largo de estos casos de movilización civil, incluso cuando la causa inmediata era de otra naturaleza. Este año, sin embargo, el descontento político ha estado en primer plano. Después de que una joven de ascendencia kurda, Mahsa Jinah Amini, muriera mientras estaba detenida por la llamada policía de la moral por, supuestamente, llevar el pañuelo obligatorio en la cabeza de forma inapropiada, la gente salió a la calle no para impugnar la regularidad de unas elecciones ni para pedir políticas económicas más sólidas y justas. Su demanda central es inequívocamente revolucionaria: exigen nada menos que la abolición de la propia República Islámica. Por lo que sabemos, en las manifestaciones de este año participan menos personas que en 2019 y ciertamente que en 2009. Sin embargo, aunque carecen de líder y en general no están coordinadas, hasta ahora han demostrado ser resistentes (cabe recordar que el Movimiento Verde duró unos 6—7 meses y las protestas se prolongaron durante un año antes de la revolución de 1979). Están repartidas por todo el país y por generaciones, aunque las mujeres y la “Generación Z”(los nacidos a partir de mediados de la década de 1990) están a la cabeza. Sorprendentemente, las protestas son tan fuertes en las zonas donde viven las minorías étnicas y religiosas como en las partes persas y chiítas de Irán. Misiles, movilización y drones Merece la pena destacar este último aspecto para explicar mejor la respuesta de las autoridades. Algunas minorías étnicas y religiosas — kurdos, árabes, baluchis — viven generalmente al margen de la política nacional (e incluso de la geografía), lo que ha contribuido a alimentar un sentimiento de abandono y resentimiento. Aunque insistente en el carácter multiétnico de la República Islámica y en su voluntad de dar cabida a otras confesiones, el gobierno central tiende generalmente a considerar a las minorías como un terreno fértil para la injerencia de los numerosos enemigos de Irán. Esta percepción, a su vez, aumenta la sensación de un cerco en el establishment de la República Islámica. No es de extrañar, por tanto, que los dirigentes iraníes, en particular el propio líder supremo Alí Jamenei, hayan denunciado que las protestas han sido instigadas, incluso orquestadas, por potencias extranjeras. Aunque se utiliza de forma instrumental para justificar la ferocidad de la represión, esta narrativa también se deriva de una preocupación real de que los enemigos de Irán —especialmente Estados Unidos e Israel— puedan utilizar la agitación interna para desestabilizar el régimen. Por ello, Irán ha lanzado decenas de cohetes contra las milicias antiiraníes en el Kurdistán iraquí y ha movilizado tropas a lo largo de la frontera con Azerbaiyán, dos zonas en las que el régimen clerical teme que aumente la influencia israelí. Evidentemente, el régimen y, especialmente, la Guardia Revolucionaria —la organización militar, entre otras cosas, responsable de la política de seguridad de Irán— decidieron que era necesaria una advertencia, respaldada por una demostración de fuerza. Es posible que preocupaciones similares hayan contribuido a dar forma a la decisión de los dirigentes iraníes, mucho más consecuente, de proporcionar a Rusia aviones no tripulados armados, formación sobre cómo utilizarlos y otros sistemas de armas. Sin embargo, deben haber influido también consideraciones estratégicas más amplias. Las interpretaciones, no necesariamente excluyentes entre sí, han explicado alternativamente esta decisión con el hambre de Irán de dinero fácil, la necesidad de trigo a precios asequibles, el deseo de adquirir aeronaves rusas o el impulso de mostrar su destreza militar y demostrar que puede entrometerse en la “vecindad” de Occidente. Y lo que es más preocupante para la UE, es una señal aparente de que los dirigentes iraníes pueden haber renunciado definitivamente no sólo a Estados Unidos sino también a Europa, y ahora persiguen deliberadamente una política de alineamiento con Rusia y China en una coalición antiestadounidense. Represión Con este telón de fondo, muchos en Europa (y en otros lugares) depositan sus esperanzas en el éxito de los manifestantes. Sin embargo, todavía no hay pruebas suficientes que apunten a la caída de la República Islámica. A lo largo de los años, el régimen clerical ha agudizado su capacidad para reprimir y marginar la disidencia. Además, aunque generalizadas e intergeneracionales, las protestas no parecen haber alcanzado la masa crítica necesaria para desencadenar un cambio de época en Irán. La República Islámica no es una estructura vertical de poder. Por el contrario, es un sistema policéntrico en el que el poder se distribuye entre varias circunscripciones y se ejerce a través de la afiliación ideológica, el patrocinio, así como la intimidación y la violencia. Directa o indirectamente, una parte considerable de la población depende del régimen para su empleo, su estatus, su subsistencia e incluso su seguridad. Esto no significa que el régimen goce del apoyo de la mayoría de la población — cuantificar dicho apoyo es en realidad bastante difícil, al igual que medir la oposición al mismo. Lo que significa es que el umbral para movilizarse políticamente, poniendo así en peligro los beneficios que el régimen distribuye (aunque sea injustamente), puede ser más alto de lo que se supone en el exterior. Aunque las revoluciones son muy difíciles de predecir, la historia —tanto de Irán como de los regímenes autoritarios— señala dos grupos críticos para calibrar el posible resultado de las protestas. Uno es el comportamiento de la clase comerciante y obrera del bazar, supuestamente fundamental para el éxito de la revolución de 1979. Al menos hasta ahora, el bazar no se ha movilizado en apoyo masivo de las protestas, si no en las regiones kurdas. Aunque la economía iraní se ha diversificado más y está más orientada a los servicios que hace cuarenta años, la adhesión del bazar a las protestas enviaría una poderosa señal al régimen. El otro sector es el estamento de seguridad de Irán, un conjunto de diversas fuerzas que a menudo compiten entre sí y que van desde la Guardia Revolucionaria (tanto su ala militar como la de inteligencia), las fuerzas armadas regulares, los servicios de inteligencia y la policía. De nuevo, aunque es imposible discernir lo que ocurre a puerta cerrada, no se aprecia ninguna grieta significativa desde el exterior. Si acaso, las fuerzas conservadoras en el poder han utilizado las protestas para ajustar cuentas dentro del régimen. La posibilidad de que las protestas no den lugar a un cambio político sino a un régimen más arraigado, más propenso a arremeter contra las disidencias interna y externamente, es real. El dilema de la respuesta Finalmente llegamos a la cuestión de qué respuesta debe poner en marcha la UE ante las acciones de los dirigentes iraníes dentro y fuera del país. En este momento, la UE, junto con EEUU (y Rusia y China), sigue inmersa en el proceso diplomático destinado aparentemente a reactivar el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), el acuerdo nuclear de 2015. El acuerdo se había deshecho básicamente después de que EEUU lo abandonara imprudentemente en mayo de 2018 e Irán dejara de aplicarlo gradualmente a partir de 2019, pero la esperanza de una restauración aumentó después de que Joe Biden sucediera a Trump en la Casa Blanca. Lamentablemente, las conversaciones nucleares ya se habían estancado antes de que estallaran las protestas en Irán, y ahora parece casi seguro que fracasarán. De hecho, los países de la UE pueden verse tentados a suspenderlas por completo e invocar un mecanismo especial de “repliegue” que restablecería automáticamente las sanciones de la ONU sobre Irán y se alinearía con la política de “máxima presión” que Biden heredó de Trump y se negó a cambiar hasta que se alcanzara un acuerdo para reactivar el PAIC. Aunque lo más probable es que el acuerdo esté muerto, renunciar a la diplomacia nuclear con Irán sería una opción arriesgada y sin rendimientos inmediatos. De hecho, Irán ya se encuentra bajo una presión económica extrema debido a la naturaleza extraterritorial de las sanciones estadounidenses. Estas son de carácter integral y han tenido el efecto de empobrecer a la población, debilitar fatalmente al ala pragmática del régimen que había logrado el acuerdo y fortalecer perversamente a la facción de la línea dura que ahora controla todos los centros de poder de la República Islámica: el líder supremo, la guardia revolucionaria, el poder judicial, la presidencia y el parlamento. Y lo que es más importante, no han conseguido detener los avances nucleares de Irán y han hecho que este país sea más agresivo en la región. Otra vuelta de tuerca no serviría de mucho para debilitar al régimen ni para ayudar a los manifestantes. Como prueba de ello, la administración Biden ha relajado las restricciones a los servicios tecnológicos con el objetivo de ayudarles. Además, renunciar a la posibilidad de someter el programa nuclear iraní a un cierto control implica aceptar el riesgo de una capacidad armamentística iraní o una intervención militar de Israel y/o de EEUU para impedirlo. Un ataque directo contra Irán, incluso si se limita inicialmente a sus instalaciones nucleares, interrumpiría con toda probabilidad los recientes intentos de distensión por parte de Irán y sus rivales árabes. También provocaría probablemente una escalada en varios, si no en todos, los focos regionales en los que Irán tiene intereses, desde Siria hasta el Líbano, Irak y Yemen. Además, Irán tomaría represalias —como lo ha hecho en el pasado— apuntando a los suministros energéticos en el Golfo, con graves consecuencias para los mercados del petróleo. Las medidas selectivas que los países de la UE han adoptado hasta ahora contra las personas y entidades iraníes responsables de la represión y de las transferencias de drones a Rusia parecen reflejar un enfoque prudente y gradual, pero la presión para romper las relaciones con Irán y comprometerse, al menos implícitamente, con una política de cambio de régimen irá en aumento. La afirmación de Francia, Alemania y el Reino Unido de que la venta de armas de Irán a Rusia viola la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU, que en julio de 2015 respaldó e incorporó el PAIC, es un intento de conseguir influencia sobre Irán. Sin embargo, los países europeos difícilmente pueden conseguir influencia solo mediante la amenaza de más sanciones y aislamiento. El registro histórico proporciona abundantes pruebas de que la República Islámica no responde únicamente a la presión. Es mejor que la respuesta de la UE se calibre para no privar al régimen clerical de ningún incentivo para volver a participar en la diplomacia nuclear y regional. Mientras sea posible, la UE debería esforzarse por evitar que su relación con Irán caiga por el precipicio, incluso manteniendo el apoyo a la demanda de los manifestantes de que se respeten sus derechos básicos. Esta respuesta política está lejos de ser satisfactoria. Ni siquiera es seguro que dé resultados. Pero por el momento, parece estratégicamente el camino más sabio a seguir.

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